¿Quiénes son los tres jueces del Tribunal Constitucional que ordenaron la liberación inmediata de Fujimori?

El Tribunal Constitucional de Perú ha emitido una resolución para la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori. La decisión judicial fue tomada por tres de los seis integrantes del TC el martes 5 de diciembre por la tarde, con los votos afirmativos de los magistrados Gustavo Gutiérrez, Francisco Morales y Luz Pacheco.

La sentencia que ordena la excarcelación de Fujimori ha sido dictaminada por tres jueces designados por el Congreso de la República, con apoyo del partido fujimorista. Los magistrados Morales, Pacheco y Gutiérrez Ticse han optado por desobedecer las órdenes previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y han omitido el sentir de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Los tres magistrados, quienes ya habían adelantado su posición a favor de exigir liberación de Fujimori en diversas entrevistas con la prensa, no convocaron a pleno para tomar la decisión, pues según informa el medio La República, no consultaron con el juez Manuel Monteagudo, quien se oponía a sus colegas ni con César Ochoa, juez miembro también del TC.

Mientras tanto, el magistrado Helder Dominguez Haro presentó un voto singular respecto a las decisiones tomadas por sus colegas en el Tribunal. Es decir, que tuvo otros fundamentos, pero que está de acuerdo con la conclusión de excarcelar a Fujimori.

En el caso del magistrado Gustavo Gutiérrez, uno de sus argumentos es que la decisión de la Corte IDH, que pide al Perú abstenerse de indultar a Fujimori por admitir responsabilidades ni reparar a las víctimas, “es una resolución, no una sentencia”. Eso fue lo que anunció días antes en entrevista con RPP. “Hasta qué punto una resolución puede frenar un mandato jurisdiccional de un tribunal del más alto nivel como es el TC″, cuestionó.

Congresista presenta denuncia contra los tres magistrados

La congresista Ruth Luque, perteneciente a la agrupación Cambio Democrático, manifestó que presentará una denuncia constitucional contra los tres integrantes del Tribunal Constitucional, que ordenaron la liberación de Fujimori. La denuncia fundamenta en la supuesta infracción de los compromisos internacionales adquiridos por Perú bajo la Convención de Derechos Humanos.

La acción legal busca responsabilizar a los miembros del Tribunal Constitucional por no alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos, constituyendo un presunto desacato a los tratados suscritos por el país. La congresista Luque hace énfasis en la relevancia de cumplir con los acuerdos en el marco de la Convención Internacional, evidenciando una postura firme frente a lo que considera una gestión que contradice los compromisos internacionales adquiridos.

Dos jueces no fueron consultados para la decisión

Se trata de Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich. El primero expresó, en entrevista con la República, su inconformidad con la decisión del organismo de liberar al expresidente Alberto Fujimori, emanada sin la consulta de todos sus miembros. Monteagudo destacó que tal medida contraviene las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) relativas a la no excarcelación de Fujimori, actualmente detenido en el penal de Barbadillo.

El magistrado Monteagudo cuestionó el proceder de la institución al no ser incluido en la deliberación de una decisión tan relevante como la orden de liberación inmediata de Fujimori. “Una decisión que está desconociendo resoluciones de la Corte IDH tenía que ser una materia del Pleno del TC”, aseveró Monteagudo, señalando la importancia de un consenso completo en asuntos de tal magnitud que afectan al cumplimiento de obligaciones internacionales.

Asimismo, no solo Manuel Monteagudo fue excluido del proceso de toma de decisión, sino también el magistrado César Ochoa. Un grupo de 4 jueces, que previamente se habían manifestado a favor en resoluciones pasadas, fueron los que emitieron unilateralmente un nuevo auto requiriendo la excarcelación de Alberto Fujimori, sin el conocimiento ni acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional.