Dina Boluarte condenó el decenio “corrupto” y “dictador” de Alberto Fujimori, pero ahora acatará orden de TC para liberarlo

El Ejecutivo respetará el fallo del Tribunal Constitucional sobre la excarcelación del exdictador, pese a que dos años atrás Boluarte condenó su régimen

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Fuente: Panorama

Durante el debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a las elecciones generales de 2021, la entonces candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte (Perú Libre) condenó el decenio “corrupto” y “dictador” de Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a prisión por crímenes de lesa humanidad.

“En los noventa apareció un personaje oriental [...] ¿y qué nos dio? ¿Honradez? Es el sexto presidente más corrupto del mundo. ¿Trabajo? Lo primero que hizo fue despedir a miles y miles de trabajadores. ¿Tecnología? A la fecha, el Perú ni siquiera es capaz de producir la llanta de ese tractor en el que se subió ese señor oriental”, dijo ante Patricia Juárez, quien se ubicaba en el podido contario como parte de la fórmula de Keiko Fujimori.

“Los dictadores ya nos demostraron quiénes son. Son los señores de Fuerza Popular, antes Cambio 90 y ya sabemos cuál es la dictadura de Fujimori. Queremos una patria democrática, con soberanía, donde todos nuestros hermanos, más allá de ideologías, puedan acercarse al Estado”, agregó.

Dos años después, convertida en jefa de Estado, Boluarte sostuvo este martes una reunión con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, ante la orden del Tribunal Constitucional (TC) de excarcelar a Fujimori (1990-2000), pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso lo contrario en 2022.

Abogado de Alberto Fujimori señala que podría ser liberado esta noche. RPP

Fuentes citadas por Epicentro TV aseguraron que el Ejecutivo acatará el fallo del supremo intérprete de la Carta Magna y se efectuará la liberación inmediata del exdictador, en cuyo régimen se cometieron graves violaciones y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, liderada por su asesor “en la sombra” Vladimiro Montesinos, quien también está preso.

“Nuestras manos están limpias, esa es la gran diferencia con nuestra contrincante electoral, Keiko Fujimori. Nuestras manos no serán la mano dura”, decía Boluarte dos años antes de llegar al sillón presidencial, en clara alusión a la denuncia que realizó Susana Higuchi, exesposa de Fujimori, sobre torturas a las que fue sometida por los servicios de seguridad.

En ese mismo debate, cuando su oponente, Patricia Juárez, resaltó que el exautócrata “fue el único” que llevó electrificación a Chalhuanca, la ciudad de Apurímac donde Boluarte nació, la ahora gobernante dio una respuesta inédita.

“Miente, miente, que algo queda. Fujimori no fue a Chalhuanca, señora, sino a Antabamba, y no a poner electricidad, sino por una hermosa antabambina a la que la estaba queriendo convertir en su amante”, replicó, mientras la candidata a vicepresidenta del partido naranja se mostraba desconcertada.

Alberto Fujimori
Alberto Fujimori

Pedro Castillo, antecesor de Boluarte y recluido en la misma prisión que Fujimori, también evaluó aprobar el indulto del exdictador, según el exministro de Justicia, Félix Chero. En un informe periodístico, publicado en diciembre de 2022 por Hildebrandt en sus trece, Chero aseguró que Castillo “manifestó algunas veces que, si en algún momento se daban las condiciones legales y políticas, y le correspondía la liberación al presidente Fujimori, él no tendría ningún inconveniente en aprobarlo”.

Sin embargo, de acuerdo con el extitular del portafolio, “nunca llegó ninguna solicitud formal de este tipo”. Fujimori había tendido contacto con el exgobernante mediante terceros. Otro exministro contó al semanario algunos encargos directos: “Dígale al presidente Castillo que veo que le están haciendo lo mismo que cuando me decían ‘japonés, nipón, lárgate a tu país’. Dígale que entiendo cómo se siente”.

Algunos congresistas de Fuerza Popular, incluso, le habrían ofrecido al Ejecutivo que le otorgara la gracia “a cambio de un trato político”. El pasado 7 de diciembre, Castillo puso fin a su turbulento mandato al dictar un extemporáneo cierre del Congreso, horas antes de que se votara una moción de destitución en el Parlamento.
Mujeres a la espera de la liberación del exmandatario. | Infobae Perú (Paula Díaz)
Mujeres a la espera de la liberación del exmandatario. | Infobae Perú (Paula Díaz)

Después de permanecer varias horas detenido en la Prefectura de Lima, el exmandatario fue conducido un cuartel policial en el distrito del Rímac para abordar un helicóptero que lo llevó al penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).

En este establecimiento, Fujimori cumple una sentencia de 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en Lima por el grupo militar encubierto Colina, así como el secuestro de un periodista y un empresario tras el autogolpe que dio en abril de 1992.

Con el reciente fallo del TC, “el Estado peruano se coloca en una posición de rebeldía y de desconocimiento de la competencia de un tribunal internacional, al cual estamos sometidos por un mandato expreso y explícito de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)”, remarcó Carlos Rivera, abogado de los deudos de ambas masacres.

Para el letrado, es también un “punto de quiebre” en la relación entre Perú y el Sistema Interamericano “en una manera absolutamente negativa, porque estamos entrando a un terreno en el que el Perú deja de cumplir, como corresponde, una sentencia y una resolución de supervisión de la Corte IDH”.