Las sanciones emprendidas por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público en contra del fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Lava Jato y encargado del área de lavado de Activos; no han pasado inadvertidas ante los organismos internacionales veladores de derechos humanos. Como resultado de la medida de suspensión impuesta por la institución manejada por el cuestionado, Juan Fernández Jerí, un comunicado ha sido revelado el último martes, alertando de la situación crítica en la que se dejaría dicho fiscal.
Como se sabe, el último 6 de octubre, la ANC dispuso la suspensión de Rafael Vela Barba del cargo por un periodo de 8 meses y medio, por haber cometido una infracción consistente en mostrar su desazón ante la prensa por una decisión judicial en el caso que se sigue contra la investigada lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Ante ello, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Roberth F. Kennedy Human Rights (RFKHR) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), presentaron un comunicado conjunto, en el que mostraban su preocupación por el proceso que se sigue contra Vela Barba.
“Expresamos nuestra máxima preocupación ante la posible suspensión del fiscal anticorrupción Rafael Vela Barba. Consideramos que el procedimiento emprendido por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público en contra del Fiscal es sumario y carece de sustento”, detallaron las instituciones en el pronunciamiento que fue planteado el pasado 21 de noviembre.
La carta, que ha precisado una serie de puntos relacionados con la falta de garantías demostradas por el Ministerio Público en este caso, también fue suscrita por el director de la División de las Américas del organismo internacional Human Rights Watch. Quien, en una entrevista para La República, consideró la medida de la institución fiscal “socava la lucha contra la corrupción”.
Para las instituciones que elaboraron el documento, la materialización de esta suspensión significaría que se concrete “un acto grave de debilitamiento de las fiscalías de lucha contra la corrupción, lavado de activos y derechos humanos en Perú”. En ese sentido, llegaron a la conclusión de que “el procedimiento contra el fiscal Vela se produce en un contexto hostil en contra de operadores de justicia independientes en Perú”.
“Cada vez con mayor frecuencia, (los fiscales) enfrentan procedimientos disciplinarios que buscan su destitución, inhabilitación o remoción como represalia a su labor en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país”, detalló el documento.
Suspensión contra Rafael Vela puede acarrear consecuencias fatales
Como si el intento de ir en contra de la libertad de expresión del fiscal no fuera suficiente, con la inminente decisión de suspender al fiscal de lavado de activos, otras consecuencias podrían suscitarse. Estas son advertidas en el comunicado de los organismos internacionales.
En ese sentido, se alertó también que “el retiro de la protección policial con la que cuenta el fiscal Vela coloca en grave riesgo su vida e integridad, puesto que es constantemente objeto de amenazas y hostigamientos”. Este reconocimiento del peligro por el que pasa el fiscal también ha sido señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace un mes dispuso el refuerzo de las medidas cautelares otorgadas en favor de Vela Barba y José Domingo Pérez.
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