La presidenta Dina Boluarte aseguró este jueves que el Perú es un “país en paz” después de las manifestaciones antigubernamentales acontecidas entre diciembre y febrero, que dejaron 49 muertos por enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad y otras 28 víctimas por hechos vinculados a las movilizaciones.
La mandataria, cercada en una investigación fiscal por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, tuvo una intervención durante el Foro de Inversión Responsable de la Alianza Américas-BID, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington (Estados Unidos).
“Hemos buscado lo más rápido posible, el diálogo, la paz, con una inversión puesta al interior del país para poder sanear el alma del Estado, como nosotros lo denominamos”, continuó.
La mandataria fue autorizada para viajar del 1 al 4 de noviembre por el pleno del Congreso, pese a que la oposición señala que debió quedarse en el país para atender urgencias como las tareas de prevención para afrontar el fenómeno climático de El Niño, la recesión de la economía nacional y la lucha contra el crimen organizado, una de las principales exigencias ciudadanas.
Desde septiembre pasado, cuatro distritos de la capital —y otros en la región Piura— han sido declarados en estado de emergencia, pero la delincuencia sigue causando muertes y otros ataques armados en esas jurisdicciones.
Solo en San Juan de Lurigancho, donde la medida está vigente después de que un explosivo detonara en una discoteca del distrito, el alcalde Jesús Maldonado admitió que la declaratoria ha fracasado con la caída de presencia policial y al menos diez crímenes desde que fue oficializada.
Se trata del cuarto viaje al extranjero desde que asumió la jefatura del Estado el pasado 7 de diciembre, luego de que Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, fuera destituido tras intentar dar un autogolpe de Estado.
Las mismas voces opositoras han deslizado que estos viajes no han atraído ningún beneficio para el país, pero el Ejecutivo insiste en que fortalecen la política exterior y la imagen a nivel internacional. Este jueves, el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular) remitió un oficio en el que solicitaba a la gobernante convocar un Consejo de Estado ante la crisis de inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
La parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País), por su parte, consideró que lo anterior “es resultado de la falta de autoridad de un Gobierno [que] se ha dedicado a dictar medidas populistas que no generan ningún cambio”.
“Siguen sin entender que no se trata de realizar uno o dos operativos solo para las cámaras, sino que se necesita un plan estratégico de seguridad con enfoque territorial”, anotó en X, antes Twitter.
Señaló, de igual modo, que el Ejecutivo también trabaja para solucionar el déficit de policías en las calles y de unidades móviles para el patrullaje. ”Es un proyecto presentado al Congreso y se tiene que hacer por ley. Estamos insistiendo, porque necesitamos más policías. La presidenta entregará 500 patrulleros nuevos hasta fin de año que se van a incorporar a la seguridad ciudadana”, detalló.
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