Costoso buffet en el Congreso se entregó a pesar de que habían legisladores ausentes y sancionados

Uno de los cuestionamientos que el Congreso de la República recibió a inicios de este año es que contrató un costoso servicio de alimentación para sus integrantes. En rigor, el programa Cuarto Poder informó el 19 de febrero pasado que en diciembre del 2022, la Mesa Directiva de José Williams firmó una adenda para que cada plato que un parlamentario recibía pasará de valer S/15,93 a S/80. Esto porque ya no comían un simple menú, sino un buffet en cada sesión del Pleno en el que participaban. Igualmente pasaba con el desayuno y la cena que costaban S/31.

Por el ostentoso cambio de precio es que el Legislativo gastaba hasta S/ 25 000 del erario público para alimentar a cada padre de la patria en solo un día. Contaban con el privilegio de acceder a dos tipos de ensaladas, tres opciones de entradas, seis distintos platos de fondo, guarniciones, postre y dos vasos de refresco de fruta natural. También podrían pagarse cinco soles más si se añadía alguna infusión, gaseosa o agua mineral.

A raíz de este escándalo es que la Contraloría general de la República informó que iban a investigar el servicio. Ocho meses después es que se conoce el resultado de su indagación que evidencia que hubo irregularidades.

Infobae Perú accedió a un informe de control específico de la entidad fiscalizadora que reveló que el elevado servicio de alimentos —brindado por el Consorcio Polo y Sons International, Poli Service y Polo S.A.C en 18 sesiones plenarias— se entregó a pesar de que habían legisladores ausentes y suspendidos.

En el documento se detalla la relación de nombres de los parlamentarios que, eventualmente, debían recibir las raciones solicitadas desde noviembre del 2022 a enero de este año, pero no pasó ello.

En la nómina están Patricia Chirinos y Roselli Amuruz (Avanza País); Kelly Portalatino, María Taipe, Jorge Coayla y Américo Gonza (Perú Libre); Darwin Espinoza (Acción Popular); Roberto Sánchez y Edgar Reymundo (Cambio Democrático); Ernesto Bustamante y Jorge Morante (Fuerza Popular); José Luna, Heidy Juárez y Óscar Zea (Podemos); Lucinda Vásquez y Pasión Dávila (Bloque Magisterial).

De igual manera aparecen Alfredo Azurin y Hitler Saavedra (Somos Perú); Noelia Herrera (Renovación Popular), y los no agrupados Karol Fonseca, Edward Málaga, Alfredo Pariona y Silvana Robles.

Adicionalmente se cuenta a Freddy Díaz y Betssy Chávez, quienes fueron desaforados por el Parlamento por estar en investigaciones de la Fiscalía por violación sexual y el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, respectivamente.

La Contraloría solicitó los descargos de Carlos Vigo Carrillo, jefe del Área de Desarrollo y Bienestar del personal, y Walter Pereyra Salazar, supervisor de comedores y eventos del Parlamento. Al respecto, las respuestas de los citados funcionarios no habrían sido convincentes.

Respecto a Vigo se menciona que “no realizó acciones de supervisión respecto al proceso de solicitud de atención al servicio en la modalidad de ‘almuerzo bufet’, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2022 y enero 2023″. Esto con la “finalidad de cautelar la adecuada formulación de solicitud de atención que implicaba, determinar con exactitud la cantidad de las prestaciones requeridas que satisfaga la necesidad de atención por cada sesión de Pleno”.

Sobre Pereyra se agrega que “no ha cumplido a cabalidad y con diligencia sus funciones de ‘supervisor de los comedores y eventos’, que tenía la responsabilidad de definir con exactitud la cantidad de las prestaciones requeridas, lo cual implicaba la adecuada formulación de la solicitud de atención por cada sesión de pleno, es decir, solicitar la cantidad exacta de raciones que satisfagan la necesidad”.

“Los hechos expuestos contravinieron lo establecido en el pliego de condiciones de la contratación del concesionario para comedores y atenciones de eventos oficiales y protocolares del Congreso de la República (...) Han ocasionado una afectación a los intereses institucionales, al haberse impedido el uso eficiente de los recursos públicos en la ejecución del servicio de atención de eventos oficiales y protocolares”, se concluye en el documento que fue remitido a la Mesa Directiva de Alejandro Soto a fin de que tome las medidas correspondientes.