De acuerdo a un reportaje del portal internacional SciDev Net, desde 2017, la secta religiosa del protestantismo católico, conocidos como los menonitas, han deforestado en la zona nororiente de la Amazonía peruana más de 7.000 hectáreas de bosques primarios, aquellos que aseguran la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y las fuentes de agua dulce como lagos, ríos y humedales esenciales para la vida humana.
La situación supone una violación de la legislación de tierras, las leyes forestales y la invasión de territorios de pueblos indígenas, quienes exigen de manera reiterada al grupo religioso detener la lotización de terrenos y la tala de árboles indiscriminada. Asimismo, las comunidades nativas denuncian que el Estado peruano no toma atención sobre este problema.
Los más recientes afectados son los ciudadanos de la comunidad shipibo-konibo de Caimito, situada a orillas de la laguna del Imiría, a 200 kilómetros de la ciudad de Pucallpa (Ucayali), donde la secta de origen suizo ingresó ilegalmente a sus tierras con respaldo de efectivos de la zona, en concreto, la Policía Distrital de Masisea, jurisdicción perteneciente a la provincia ucayalina de Coronel Portillo.
Los hechos ocurrieron en agosto, pocos días después que los pueblos indígenas Shipibo Conibo, Asháninkas y Ashéninkas emitieran una declaración, exigiendo al Gobierno nacional y a la comunidad internacional establecer medidas inmediatas para suspender las actividades agrícolas por parte de los menonitas, así como de otros grupos religiosos, los cuales gozarían de una tolerancia excesiva por parte de las autoridades, alertan las comunidades nativas.
Actualmente, los menonitas poseen cinco colonias en Perú: Vanderland, Osterreich, Providencia, Chipiar, y Masisea, ubicadas entre Ucayali y Loreto. Con su asentamiento, según los reportes de la Asociación para la Conservación Amazónica (ACCA), desde enero de 2022 hasta agosto de 2023, los grupos religiosos han arrasado con 2.426 hectáreas de bosques primarios amazónicos en todo el nororiente del Perú.
Solo en 2022 deforestaron 4.800 hectáreas y 7.032 hasta agosto de 2023; es decir, en dos años duplicaron las áreas deforestadas.
Comunidades nativas protestan para exigir respeto a sus territorios
En lo que va del año, las comunidades nativas de los pueblos indígenas impactados por la actividad extractiva han realizado distintas incidencias y protestas pacíficas para exigir respeto a sus territorios. Recientemente, una de estas se llevó a cabo fuera de las oficinas de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU), en Pucallpa.
Sobre ello, la Organización Distrital Indígena de Masisea (ORDIM) han manifestado que sus territorios se encuentran en estado de emergencia y alerta roja. Ante ello, advirtieron mediante un pronunciamiento que “no podrán ingresar personas ajenas a nuestras comunidades, a excepción de representantes del gobierno y organizaciones aliados”.
Además, hicieron hincapié en que, hoy, su seguridad depende únicamente de sus propios mecanismos de seguridad y autoprotección colectivos, como parte de la labor de las guardias indígenas.
Asimismo, han precisado que al acaparamiento de tierras por la secta religiosa se suma la tala ilegal en la selva por madereros, el cultivo de hoja de coca por narcotraficantes, y la explotación desmedida de sus recursos por empresas pesqueras y madereras extranjeras. Una realidad que pone en peligro también a los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento (PIACI) de las cuencas de los ríos Tamaya y Abujao, en Ucayali.
Ministerio Público no tomaría en serio denuncias contra menonitas
Otro hecho que llama la atención del reportaje publicado por SciDev Net son las alertas en cuanto al débil accionar del Ministerio Público en este contexto.
Pues, especialistas en el tema, como Marc Dourojeanni, profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria La Molina, explican que, pese a que los menonitas actúan por fuera del marco normativo, debido a que violan las legislaciones en materia forestal, ambiental y de tierras, dichos grupos religiosos continúan operando con total impunidad, incluso teniendo en cuenta que se han elevado denuncias al Ministerio Público.
“Los jueces fallan a favor de ellos o nunca emiten sentencia; tienen un fuerte apoyo nacional e internacional, tanto financiero como religioso”, dijo a SciDev.Net el académico.
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