El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es un procedimiento que certifica que en un determinado espacio no hay restos arqueológicos. Con este documento se evita que carreteras, minas, campos agrícolas, entre otros, destruyan parte de la historia del país. ¿Qué pasaría entonces si se aprueba e implementa el proyecto de ley 31770 del Ministerio de Cultura (Mincul) que incorpora la eliminación del CIRA?
“Para ponerlo en sencillo. Usted podrá encontrar una sucursal de un restaurante de comida rápida en Chan Chan, Machu Picchu o en su huaca más cercana. O encontrar una cochera, o una canchita de pasto sintético para jugar fulbito (encima de restos arqueológicos). Así de terrible”, ejemplifican organizaciones en defensa del patrimonio cultural, quienes participaron de un plantón realizado el pasado viernes 20 de octubre al exterior del Mincul.
Estuvo presente el Colegio de Arqueólogos del Perú, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Cultura, integrantes del Consejo Internacional de Museos (ICOM-Perú) y estudiantes de la Facultad de Arqueología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El acto de protesta tenía como objetivo presionar en que se cambie la propuesta del reglamento de la Ley 31770, la cual modifica la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, y que pretende eliminar de forma definitiva el CIRA.
“Todos los que estamos acá sabemos que el CIRA es la piedra fundamental de la protección del patrimonio arqueológico. Todos sabemos que no existe un catastro y ningún inventario de monumentos arqueológicos a nivel nacional”, expresó Héctor Walde Salazar, decano del Colegio de Arqueólogos del Perú. Con este procedimiento, la empresa debe solicitar un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, y en caso se determina que sí hay, se puede hacer una evaluación para retirar los restos o desistir de la construcción de la obra.
El plantón también exigía la renuncia de la titular de la cartera de Cultura, Leslie Urteaga. Pues los organizadores de la manifestación sospechan que hay lobby empresarial detrás de la propuesta de ley. El portal web Lima Gris publicó que hay la posibilidad que se haya realizado “reuniones y negociaciones entre empresarios, alcaldes, gobernadores regionales y funcionarios del Ejecutivo y legislativo. Negociaciones que se han convertido en un lobby que busca beneficiar intereses privados a costa de la enorme riqueza de nuestro patrimonio arqueológico”.
El Mincul emitió un comunicado para justificar en que la modificatoria de la norma que buscar desaparecer el CIRA, en realidad, es quiere proteger y “preservar la memoria arqueológica, para ser transmitida de generación en generación”. Sin embargo, Fabricio Valencia, especialista en temas jurídicos de patrimonio cultural, aclara a Lima Gris que “eliminar el CIRA es algo que va en contra del patrimonio cultural, habida cuenta que significa que el Estado está reconociendo que no hay vestigios arqueológicos en ningún área determinada. Eliminar el procedimiento posiblemente sea el mayor atentado contra el patrimonio cultural a nivel normativo que se ha realizado en la historia del Perú”.
El Colegio de Arqueólogos del Perú ha recalcado que la propuesta de ley no recoge opiniones de aportes académicos, ni de colegios profesionales.
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