El último 21 de setiembre, la jueza Margarita Salcedo dispuso 32 meses, de los 36 solicitados adicionalmente, a la investigación que se sigue contra distintos expresidentes por el caso Olmos, vinculado a Odebrecht. Al respecto, el exjefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien lleva más de tres años con detención domiciliaria, interpuso una apelación a la resolución judicial.
Con esta medida, la defensa legal del exmandatario busca que se revoque la resolución judicial con plazo hasta el 1 de abril del 2026 y que la instancia superior disponga la prórroga de esta investigación preparatoria, pero solo por un plazo de 12 meses adicionales.
Como se recuerda, dicho tiempo fue calificado como “razonable y proporcional” para que la Fiscalía cumpla con el objetivo de realizar la toma de 76 declaraciones, cuatro pericias, y recabación de información a las autoridades de Chile, Brasil, Estados Unidos, Colombia y Serbia.
Dicha investigación alcanza a los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como el exjefe de gabinete Yehude Simon y el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quienes también apelaron la decisión de la magistrada.
Al respecto, la jueza Margarita Salcedo remitió las solicitudes presentadas una de las salas de la Corte Superior Nacional, instancia que, si las admite a trámite, deberá programar una audiencia virtual para evaluar estos recursos con la participación de las partes involucradas y, posteriormente, brindar una decisión final.
¿Qué se le atribuye a Kuczynski en el caso Olmos?
Al expresidente de la República se le atribuye haber “implementado el marco jurídico”, mientras era ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo, para que la concesionaria Trasvase Olmos, integrada por dos compañías de Odebrecht, viabilizara la estructuración financiera del megaproyecto que demandaría una inversión de US$185 millones.
Asimismo, se conoció que, de acuerdo a la información proporcionada al Congreso, Odebrecht pagó a la empresa de PPK, Westfield Capital, entonces administrada por el empresario Gerardo Sepúlveda, para que los asesore en la obra.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, la implicancia de Yehude Simon es haber recibido US$300 mil de parte de la firma brasileña como aporte para su campaña y agradecimiento por los favores que hizo para la adjudicación del proyecto.
Cabe mencionar que el fiscal José Domingo Pérez solicitó la acumulación de las investigaciones contra Pedro Pablo Kuczynski y Simon debido a que ambos “habrían actuado con la resolución criminal de concertarse para beneficiar a la concesaria Trasvase Olmos a lo largo de las etapas de selección y ejecución del proyecto Olmos”.
Contraloría detectó favorecimiento
La Contraloría General de la República identificó irregularidades en la suscripción de la adenda número 2 al contrato de concesión del tercer componente del proyecto integral de Irrigación e Hidroenergético de Olmos (Proyecto Olmos), en Lambayeque.
De acuerdo a la entidad, se benefició a una empresa vinculada al concesionario H2Olmos, la cual era integrada por Odebrecht, para la compra sin subasta de más de 11,000 hectáreas de lotes agrícolas a US$ 6′976,282, que luego revendieron a US$ 22′493,036.00.
El comunicado de la Contraloría indicó que dos entidades bancarias que no habían sido designadas previamente como acreedores permitidos por el Gobierno Regional de Lambayeque sugirieron la modificación del contrato de concesión, “así como el pedido del concesionario, los cuales no fueron analizados por el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), en su condición de supervisor, sin perjuicio de lo cual, emitió su opinión favorable, lo que permitió la aprobación y firma de la citada adenda, sin que haya de por medio la acreditación de la excepción que haya permitido modificar el contrato dentro de los tres primeros años de la concesión, ni el sustento técnico y económico financiero respectivo, contraviniendo la normativa de APP vigente y el contrato de concesión”.
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