Poder Judicial rechazó recurso de Zamir Villaverde que buscaba ser excluido de caso Puente Tarata

El Poder Judicial declaró infundado un recurso de tutela de derechos que la defensa legal del empresario Zamir Villaverde había presentado para ser excluido de la investigación preliminar por los presuntos actos de corrupción que se dieron en el marco de la licitación del proyecto Puente Tarata, que significó el primer escándalo del gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

En la resolución de la magistrada Soledad Barrueto Guerrero, titular del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se deniega lo planteado por Villaverde, quien cuestionaba que no se le precise por qué se le investigaba por lavado de activos cuando ya antes se habían archivados algunas carpetas en su contra por el mismo delito.

“Según refiere la defensa, ya que no se ha indicado el marco temporal de dicho ilícito, más aún cuando su patrocinado ya ha sido sometido por años a investigaciones por el mismo delito de lavado de activos, las mismas que habrían sido archivadas”, se lee en el documento sobre el argumento que los abogados de Villaverde plantearon.

Sin embargo, el PJ precisó los actos que se le imputan al empresario que estuvo muy vinculado al expresidente Castillo.

“Se imputa a Marco Antonio Zamir Villaverde García haber realizado actos de transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero ilícito que fuese entregado por las empresas Termirex S.A.C, Tableros y Puentes S.A Sucursal del Perú y HB Estructuras Metálicas S.A.S Sucursal del Perú como retribución, a fin de que este interceda ante el ministro de Transportes y comunicaciones Juan Francisco Silva Villegas, quien aprovechando su cargo direccionaría la adjudicación de la buena pro de la obra Licitación Pública N°01-2021-MTC/21 para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga, provincia Mariscal Cáceres, región San Martín, a favor del Consorcio Tarata III, el mismo que se encontraba integrado por las empresas antes señaladas”, anota.

La sala presidida por la magistrada Barrueto agrega que la Fiscalía tiene la hipótesis que el investigado usó sus empresas Villaverde Company S.A.C, Mazavig S.A.C, Vigarza S.A.C. y otras para cometer presuntos actos ilícitos en otras licitaciones públicas convocadas por Provias Descentralizado, órgano dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el fin de ingresar el dinero ilícito fruto de dichos actos de colusión y tráfico de influencias al sistema económico del Perú.

Además, la resolución menciona que la defensa legal de Villaverde no puede exigirle al Ministerio Público a que brinde “una imputación muy detallada y pormenorizada, ya que en el marco de una fase preliminar de la investigación-la fuerza de los cargos aún es débil, por ende, las exigencias de la imputación son mínimas, lo cual no obsta a que se exija un nivel de narración mínimo sobre la presunta vinculación de la persona investigada”.

Por ello, el despacho de la jueza Barrueto concluyó que no ha existido vulneración al derecho de principio de imputación necesaria, “ya que dado lo incipiente y compleja de la investigación, se viene desentrañando la forma y circunstancias pormenorizadas en que se habría realizado el delito de lavado de activos por parte del investigado”.

Además, enfatiza que si bien Villaverde fue objeto de investigaciones por otros delitos como usurpación, secuestro, extorsión, concusión y hurto, que estuvieron vinculadas al lavado de activos, en este caso resulta muy diferente porque está relacionado a la corrupción en el que habrían estado inmersos exministros de la gestión de Castillo.

“La Fiscalía está en condiciones de emitir la decisión que corresponda, por el momento la investigación está en curso y se han cumplido los requisitos mínimos para la etapa de la investigación en la que nos encontramos”, zanja.

Nuevo recurso

En paralelo al rechazo a la tutela de derechos, el próximo 2 de octubre se sabrá al mediodía la decisión de la magistrada Soledad Barrueto respecto al pedido también de Zamir Villaverde para anular algunas diligencias que se dieron en el marco de la investigación por lavado de activos que se le sigue.