La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa aproximadamente 3.480 informes de organización de trabajo para calificar la idoneidad de 300 jueces y fiscales convocados en el proceso de evaluación integral y ratificación de este 2023. Esto luego de siete años.
En el aspecto de idoneidad se han calificado también 4.672 muestras de calidad de decisiones, 3,480 muestras de gestión de procesos y 110 muestras de publicaciones.
Mientras que en el tema de la conducta se están procesando 2.041 documentos aproximadamente, sobre medidas disciplinarias, participación ciudadana, asistencia y puntualidad, procesos judiciales, méritos y reconocimientos, entre otros.
Para estos procesos han sido convocados 81 jueces y 219 fiscales, entre ellos dos jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia.
Vale precisar que la Comisión de Evaluación Integral y Ratificación de la JNJ tiene plazo hasta el 11 de diciembre para culminar con la evaluación de la documentación recibida, formular y aprobar los informes individuales de cada magistrado.
Ratificar, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años es una de las funciones constitucionales de la Junta Nacional de Justicia.
Ataques a la Junta Nacional de Justicia
Este proceso evaluativo se da en un contexto en el que el Congreso emprendió una investigación exprés en contra de todos los miembros de la JNJ por presuntamente cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Ante los peligros que representa este proceso sumario, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación y llamó “al respeto del debido proceso”.
La CIDH remarcó en un comunicado que la JNJ es un “organismo autónomo clave para garantizar la independencia e idoneidad de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales”.
La entidad también dijo que organizaciones de la sociedad civil y personas operadoras de justicia afirman que este procedimiento “no estaría fundamentado en una causal disciplinaria específica prevista en el ordenamiento jurídico” peruano.
En ese sentido, la Comisión reconoció “la importancia de los controles políticos”, aunque advirtió que los que se siguen a los operadores de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas “por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad” que señala el derecho internacional.
Aunque señaló que al término de la investigación sumaria encargada a la Comisión de Justicia del Legislativo, se deberá presentar un informe “tras lo cual el Congreso podría remover al pleno de dicho organismo”.
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