Plan Bukele o plan Boluarte: ¿Hay algún programa en la lucha frontal contra la delincuencia?

Ante la creciente ola de delincuencia, extorsión y sicariato en el Perú, que tuvo entre sus puntos más preocupantes la explosión de una granada que hirió a 15 personas en San Juan de Lurigancho, el gobierno de Dina Boluarte declaró en emergencia ese distrito, a San Martín de Porres y otras localidades de la provincia de Sullana, en Piura. Si bien la medida ha sido bien tomada por parte de la ciudadanía de esas zonas, las críticas no han tardado en llegar al calificar la medida como una respuesta populista poco planificada.

¿Plan Bukele o plan Boluarte?

Cabe indicar que, hace unas semanas, el ‘Plan Bukele’, como una medida a replicar en el Perú para combatir los altos índices de delincuencia, estuvo en boca de diferentes autoridades. Incluso el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, solicitó al Ejecutivo que su distrito sea el primero del país en aplicar un piloto que emule las medidas adoptadas por el líder de El Salvador, Nayib Bukele.

En síntesis, el ‘Plan Bukele’ o ‘Plan Control Territorial’ consistió en una figura que suspende el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, dentro de estos se encuentra la libertad de asociación y el derecho a la defensa. También se permite a las autoridades intervenir las telecomunicaciones sin que exista una autorización judicial de por medio.

En paralelo, el premier Alberto Otárola, habló de un ‘Plan Boluarte’, una serie de medidas con las que el gobierno espera reducir la criminalidad cuando se aprueben las facultades legislativas en materia de seguridad que han solicitado al Congreso. Las nuevas medidas contemplan un combate agresivo contra la criminalidad, pero también el elemento preventivo ante estos hechos. La implementación de estas medidas tendrá “en cuenta las particularidades y especificidad” de Perú y respetando “plenamente los derechos fundamentales de las personas”, aseguró el presidente del consejo de ministros.

Mientras el Congreso aún no aprueba las facultades legislativas, el Ejecutivo declaró la noche del martes estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y otros distritos de la provincia de Sullana. Entre las medidas contempladas están suspender los eventos sociales y espectáculos en el horario comprendido entre las 00:00 y las 04:00. La declaratoria mencionada se prolongará durante 60 días calendario. Además, implica “la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad y seguridad personales” y la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía.

¿El estado de emergencia es una medida efectiva o cortina de humo?

El exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, consideró este miércoles como una “cortina de humo” y “ridícula” la declaratoria de Estado de emergencia para luchar contra la inseguridad ciudadana, y afirmó que no funcionará debido a la falta de un plan contra la delincuencia.

Fernando Rospigliosi argumentó, en RPP Noticias, que es necesario una “mayor decisión política” y respaldo al trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para luchar contra la delincuencia. Además, consideró que el Gobierno de Dina Boluarte no tiene un plan contra la delincuencia, sino tan solo “reacciones tardías e insuficientes” contra la inseguridad ciudadana.

Por otro lado, el analista político y director de Vox Populi, Luis Benavente, considera que la declaratoria de estado de emergencia da opción a un mayor trabajo de control policial.

“La situación de la seguridad ciudadana es extremadamente crítica y se ha agudizado por la delincuencia de algunos extranjeros criminales que han actuado de manera muy activa en el cuadro de la delincuencia en Perú”, señaló a Infobae Perú, sin embargo, resaltó que requiere un plan más completo, integral y con más componentes.

Tienen que haber una acción coordinada con los alcaldes no solo por una necesidad política, sino también por la complementación con el serenazgo, dijo.

“Esa acción debe estar en los marcos de la Constitución y las leyes, nadie puede promover excesos, pero sí una acción decidida, conjunta, consciente, eficiente, y que contemple muchos aspectos, no solo la participación de las Fuerzas Armadas, sino también inteligencia, infiltrarse en el crimen organizado, mayor presupuesto y tecnología”, recalcó.