Un representante más de la patria que se une a la larga lista de funcionarios acusados de uso indebido de su función. En esta ocasión, David Jiménez, parlamentario por Fuerza Popular, es acusado del presunto delito de peculado al colocar en planilla del Congreso a una trabajadora de su instituto privado Franklin Roosevelt, identificada como Ángela Noblejas.
Si bien, para él, los mochasueldos “son personas que deben ser procesadas y juzgadas en el Poder Judicial”, al ser consultado sobre sus irregularidades, minimizó el que todos los peruanos le paguen el sueldo de seis mil soles a la administradora de su negocio privado e incumpla con el horario laboral para el que fue contratada en el Legislativo.
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El dominical realizó un seguimiento de tres días consecutivos a la trabajadora y confirmó que su real labor está al interior del instituto Franklin Roosevelt, ubicado en Av. Arequipa 2349, Lince. Incluso, se hicieron pasar por una estudiante con deudas, a la que Noblejas atendió y le recomendó visitarla de 9 a 13 y de 15 a 17 horas de lunes a viernes.
“‘Hola, estudio farmacia y estoy preocupada porque no tengo plata para seguir pagando la matrícula, no quiero retrasarme’. El pago es en cuotas justamente para que no paguen el monto en bloque. Si deseas te puedes acercar, yo estoy a partir de nueve a una de la tarde y de tres a cinco de lunes a viernes, a menos que salga de comisión de viaje, así. Pero estos días estoy acá. ‘Ok. ¿Digo su nombre nada más, Ángela, la administradora?’ Sí, señorita”, se oye decir en la llamada.
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Pese a las pruebas, el fujimorista negó que la trabajadora tenga funciones al interior de su local privado. “Ella ha estado haciendo los quehaceres de la oficina, ella sale [del Congreso], hace diferentes cosas. ‘¿Ella no es la administradora de su instituto?’ No. ‘Usted está mochando el dinero de todos los peruanos para pagarle a una persona que no viene a trabajar. ¿No le parece grave?’ Tranquilo, no, no es grave. Hazle la entrevista en su oficina”, sostuvo.

Delito de peculado de uso
Para el penalista Andy Carrión, “a todas luces se trata de un aprovechamiento de los recursos del estado para fines privados”, por lo que se habla del delito de peculado de uso. “Existe una connivencia, es decir un pacto entre ambos de que ella realice labores en el propio instituto privado en el cual él es titular, el propio congresista es dueño. Que él simplemente la contrate, reciba una remuneración por parte del Estado —donde todos nosotros ponemos nuestro dinero ahí a través de los impuestos—, para un fin privado, es claramente un delito”, explicó en conversación con el dominical.
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Cabe mencionar que no es la primera vez que el fujimorista es cuestionado. De acuerdo a un informe del Portal Centro Liber, Jiménez Heredia fue uno de los legisladores que recibió el bono mensual que asciende a los dos mil 800 soles por el concepto de semana de representación para cubrir sus actividades, pese a que tenía licencia por motivos personales. María Agüero Gutiérrez (Perú Libre), Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País) y Freddy Díaz Monago (Alianza para el Progreso) también son parte de los legisladores que no devolvieron el bono aunque tampoco cumplieron con las actividades.
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