Magistrado del TC sostiene que la demanda competencial de la Fiscal de la Nación se resolvería en tres o cuatro meses

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, anunció que la demanda competencial presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se resolvería recién en tres o cuatro meses. Esto se debería a que se tendría que seguir un serie de pasos antes de que llegue a ser revisado al pleno del TC.

“Es una demanda de naturaleza constitucional que recién ha ingresado al TC y se va a correr traslado al órgano emplazado que es la JNJ. (Luego viene la) audiencia y después también (habrá) otro plazo igual para resolver. Tres o cuatro meses, es lo que debe durar más o menos este proceso”, dijo a RPP Noticias.

Gutiérrez explicó que la fiscal Benavides cuestiona en su demanda que la JNJ se exceda en sus atribuciones como órgano y que, además, tenga cierta interferencia en las decisiones administrativas que dispone al interior del Ministerio Público.

Sin embargo, el magistrado del TC anotó que la JNJ tiene entre sus prerrogativas aplicar sanciones graves cuando existe alguna irregularidad en el comportamiento que los jueces o fiscales tengan en el ejercicio de sus funciones.

“De acuerdo con designio constitucional la Junta Nacional de Justicia es el órgano encargado del control disciplinario, en consecuencia, y sobre todo de las altas esferas de ambos órganos de poder, tanto Poder Judicial como Ministerio Público. Por tanto, son pares de los vocales y fiscales supremos y tienen plena legitimidad para poder intervenir, pero en tanto sean cuestionamientos en materia disciplinaria”, dijo Gutiérrez.

Conflicto judicial

Hace seis días se conoció que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, recurrió ante el TC para presentar una demanda competencial contra la JNJ por dos de las investigaciones que se le siguen. Estas son por los cambios que hizo al equipo especial a cargo del caso Cuellos Blancos del Puerto y por un presunto favorecimiento a su hermana, la jueza Enma Benavides.

Según el diario La República, en el oficio remitido por la titular del Ministerio Público ante el máximo interprete de la Constitución Política que las indagaciones de la JNJ en su contra vulneraban “de manera clara y flagrante” las atribuciones constitucionales de la institución que lidera. “Viene ejerciendo potestad de manera indebida, con evidente exceso”, señala el escrito.

Además, enfatizó que a la JNJ no le correspondía cuestionar los actos que tomaba. “[Se ha] trocado un instrumento de indebido ‘control político’ y de mediatización de las facultades de la fiscal de la Nación”, añade.

Por ello, Benavides busca que el TC establezca las competencias de la JNJ y, de paso, sirva para que se anulen las investigaciones que podrían desencadenar en un proceso disciplinario cuya sanción final termine en la suspensión o destitución como la cabeza de la Fiscalía.

“[Pedimos] la nulidad de los demás actos adoptados por la Junta Nacional de Justicia, procediendo al archivo definitivo de estas dos investigaciones preliminares acumuladas en los extremos correspondientes, garantizando la competencia del Ministerio Público, tal como se encuentra ya regulada en el artículo 158° de nuestra Carta Magna”, solicita.

Ante la demanda de la Fiscal de la Nación, la respuesta desde la Junta Nacional de Justicia no se podía esperar. A través de un comunicado señalaron que la petición de Benavides limitaba la “competencia disciplinaria” y generaría “un espacio de impunidad”.

“La JNJ es respetuosa de la autonomía del Ministerio Público, no interfiere en los actos de gobierno de la fiscal de la Nación y no afecta ninguna de sus competencias de orden administrativo o de cualquier otro orden. No obstante, sí investiga presuntas infracciones disciplinarias de todos los jueces o fiscales del país, las mismas que pueden producirse en ámbitos diversos, como el propio de la gestión administrativa. Ello ocurre en aplicación estricta de las respectivas leyes de carrera judicial y fiscal, que tipifican el conjunto de infracciones en las que pueden incurrir los magistrados”, anotaron.