La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció que “en cualquier momento” expondrá los resultados de la investigación preliminar abierta en enero pasado contra la presidenta Dina Boluarte, dos ministros y tres exministros por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
“Estamos yendo con fuerza. [...] Los elementos de convicción son los que van a hablar”, declaró en una entrevista difundida este domingo en Punto Final. Es la primera vez que Benavides se refiere a esta pesquisa por la cual su despacho solicitó, a fines de julio, información “clasificada” sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las protestas antigubernamentales que dejaron al menos 60 fallecidos.
“Las investigaciones son reservadas, pero estamos realizando todas las diligencias necesarias, indispensables, para recabar todos los elementos de convicción y comunicar a la población el resultado [de cara a una investigación preparatoria]”, matizó.
La fiscal general evitó abordar el plagio académico cometido por la mandataria en su libro ‘El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’, escrito junto con otros siete autores en 2004 y cuyo contenido fue adulterado en un 55%, según denunció el mismo dominical.
Boluarte incluyó esta publicación en su curriculum vitae cuando se presentó en 2007 para asumir un cargo público en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pero años más tarde lo eliminó de su trayectoria laboral.
“No opino al respecto”, zanjó Benavides cuando fue interrogada sobre este caso, seguido por el magistrado Miguel Puicón, de la Segunda Fiscalía Especializada en delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de Lima.
Durante el resto del diálogo, tampoco fue consultada sobre sus tesis no ubicadas hasta el momento ni sobre las investigaciones que enfrenta en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Solo se ciñó al proceso contra la gobernante, a quien interrogó en junio pasado.
“No puedo permitir que las investigaciones sean por años, más aún cuando hay vulneración de derechos humanos. Por eso hemos acortado los plazos para determinar y sancionar responsables”, siguió en referencia a la creación del equipo especial de fiscales avocado a los casos penales con víctimas durante las manifestaciones.
Benavides también ha incluido en esta investigación al primer ministro, Alberto Otárola, y a su antecesor, Pedro Angulo; así como al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y a los exministros del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes.
Las protestas estallaron tras el fallido autogolpe orquestado por Pedro Castillo y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones y la convocatoria de una asamblea constituyente.
“Declaro nuevamente y con mucho dolor que el saldo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. [...] Declaro que para mi gobierno no hubo vencedores ni vencidos, la democracia permite el derecho a la protesta pacífica, pero la democracia también permite y reclama diálogo“, dijo en su mensaje por el día de la independencia.
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