La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el último martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgar medidas provisionales de protección al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, ante las continuas amenazas de grupos extremistas.
En un pronunciamiento difundido en su web oficial este jueves, la CIDH consideró que las iniciativas del Estado peruano “no han sido suficientes para la mitigación de los elementos generadores de riesgo y, por tanto, los derechos” del juez supremo “se encuentran en una situación de riesgo extremo”.
En particular, la Comisión ha encargado a la Corte requerir al Perú “adoptar las medidas necesarias para abordar el patrón de causas generadoras del riesgo” y “mantener las medidas de protección que han venido siendo adoptadas en atención del principio de concertación con la representación y el propuesto beneficiario”.
Las medidas provisionales, emitidas en casos de extrema gravedad y urgencia, “tienen un carácter obligatorio para los Estados, por lo que las decisiones contenidas en ellas exigen adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo”, continúa el texto.
En una entrevista con la agencia EFE semanas atrás, Salas Arenas mostró su esperanza de que esa medida cautelar de protección adoptada por la CIDH “se eleve a medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH)”.
El origen de la hostilidad hacia el JNE se remonta a 2021, cuando el entonces candidato presidencial y hoy exmandatario, Pedro Castillo, derrotó a la aspirante Keiko Fujimori por un estrecho margen.
Entonces, se desató una oleada de críticas de los fujimoristas contra el sistema electoral, al que acusaban sin pruebas de haber cometido un fraude en los comicios. La CIDH otorgó el 25 de julio de 2021 medidas cautelares de protección a favor de Salas Arenas y su núcleo familiar, “tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
“Un sector del Congreso está atacando a la institucionalidad democrática, porque quieren someter a los jueces electorales al juzgamiento de los políticos (...) y los políticos lo que necesitan para tomar sus decisiones son votos”, comentó.
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