El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, aseguró que su sector no será un “instrumento para perjudicar” el proceso especial de colaboración eficaz. Ello a raíz del proyecto de ley aprobado por el Congreso que, de acuerdo con expertos, debilita la referida figura al fijar una plazo de 8 meses para concretar el acuerdo con el colaborador eficaz.
En entrevista con RPP, el titular de Justicia aseguró estar al tanto del informe de la Procuraduría General del Estado y las opiniones de juristas independientes. Pero, precisó, su cartera dará un pronunciamiento “en función del expediente, del documento que va a llegar a nuestro sector con nuestro equipo”.
“No es una decisión del ministro, es una decisión en conjunto. Lo que sí puedo garantizar es que nosotros no vamos a ser instrumentos para vulnerar o perjudicar esta herramienta importante que tiene la Fiscalía para luchar contra el crimen organizado, de ninguna manera. Eso sí lo puedo asegurar”, declaró Maurate Romero.
En esa línea, el ministro aseguró que el informe de la Procuraduría —que concluye que la aprobación del cuestionado proyecto debilita la colaboración eficaz y contraviene la política criminal del Estado— es un “insumo” para que la presidenta Dina Boluarte observa o no la autógrafa.
Cabe precisar que el Ministerio de Justicia también está en contra de la modificación. En un informe remitido a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, alertaron que “resultaría contraproducente para lograr el objeto y finalidad del proceso de colaboración eficaz”.
“En todo caso, el establecimiento de un plazo debe ser objeto de un cuidadoso análisis de acuerdo al caso concreto y en ningún supuesto ese plazo debe constituir una limitación para lograr el objetivo y finalidad de este proceso especial”, exhortó la cartera.
Más instituciones advirtieron al Congreso
La Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia no fueron las únicas instituciones que se mostraron en contra del proyecto que limita la colaboración eficaz. La Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo también remitieron informes alzando su voz de protesta.
El Ministerio Público, durante la gestión de Zoraida Ávalos, advirtió que “no resulta adecuado” fijar un plazo de 8 meses para concretar el acuerdo de colaboración eficaz toda vez que “la extensión temporal de las diligencias de corroboración depende de la amplitud de las declaraciones y la información proporcionada”.
“Aplicar los plazos del citado proyecto haría prácticamente imposible que se puedan llevar a cabo todas las etapas del proceso especial de colaboración eficaz, puesto que se requiere realizar una diversidad de actos de investigación tendentes a corroborar lo declarado”, se lee en el documento enviado al Congreso.
A su turno, el Poder Judicial observó que la iniciativa “no tomó en consideración los plazos reales para obtener un acuerdo de colaboración aprobado judicialmente”.
“En la práctica muchas diligencias de corroboración pueden no ser satisfechas en corto tiempo por motivos ajenos al propio solicitante a colaborador o al de la propia administración de justicia, todo lo cual conllevaría ante la propuesta planteada a desincentivar al acogimiento de colaboración”, informan.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo invocó al Congreso reflexionar respecto al proyecto que altera la colaboración eficaz.
“Consideramos preocupante que se insista en la idea de fijar un plazo de 8 meses para la culminación del mismo. Dada la complejidad de este tipo de procesos, una medida de esta naturaleza dificultaría su eficacia debido a la premura con la cual se tendrían que realizar las diligencias de corroboración entre otros aspectos”, se lee en el documento.
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