Los colegas de la congresista Rosio Torres, de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), le lanzaron un salvavidas justo antes de que la suspendieran por 120 días, tal como dictaminaba el informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República, tras ser denunciada por recortar el sueldo a los trabajadores de su despacho. En vez de ser suspendida, fue amonestada y multada con un salario mensual, ascendente a S/ 15 600.
En la sesión programada para hoy, la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Karol Paredes (Acción Popular) leyó el informe final que señalaba a Ruiz de faltar contra las normas del Congreso, por lo que se planteaba suspenderla de sus funciones por cuatro meses.
Previo a la votación del dictamen, la congresista Cheryl Trigozo solicitó una cuestión previa para que la sanción a su compañera de bancada sea modificada y que, además, el informe contra Torres no sea derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.
El pedido fue respaldado por la mayoría de los integrantes del grupo de trabajo y se procedió a validarlo con sus votos. Votaron en contra de la propuesta solo tres congresistas, hubo una abstención y ocho estuvieron a favor.
El caso de Rosío Torres se dio a conocer el pasado 19 de junio, cuando una extrabajadora de su despacho se presentó en el Comisión de Ética denunciando que la parlamentaria obligaba a sus colaboradores a entregar un trercio de sus salarios, dinero que era depositado en la cuenta de su sobrino Juan Pérez Guerra.
La legisladora habría declarado ante la Comisión de Ética que ningún trabajador denunció que recortaba el sueldo. Esto debido a que hasta ese momento no se tenían ningún testimonio de manera pública, pero sí había documentos que comprobarían lo que estaría sucediendo.
Es el tercer blindaje en 15 días
Increíblemente, esta es la tercera vez en tan solo dos semanas que una congresista involucrada en el caso de los ‘mocha sueldo’ logra librarse de la máxima sanción, gracias al apoyo de sus compañeros parlamentarios.
El primer episodio de blindaje, tuvo lugar el pasado viernes 9 de junio, cuando la Comisión de Ética iba a evaluar el caso de los ‘mocha sueldo’. En aquella vez, la congresista Heidy Juárez (Podemos) iba a recibir 120 días de sus pensión de sus funciones, pero Kelly Portalatino presentó una cuestión previa solicitando que solo se le impusiera una amonestación y una multa de 30 días de su salario.
En la siguiente votación de la denuncia contra la congresista Magaly Ruiz, vista el lunes 12 de junio, ocurrió lo mismo. A pesar de las pruebas presentadas por el extrabajador Carlos Marina, con los aportes realizados a la cuenta bancaria del asesor de Ruiz, la legisladora Nelcy Heidinger presentó una cuestión previa para cambiar la sanción, tal como pasó con Juárez. Y también fue salvada de la suspensión con los votos de la mayoría.
La parlamentaria Ruiz, tras el nuevo dictamen, pidió que la multa en su contra la pueda pagar en un año y envió un memorándum al oficial mayor del Parlamento, Javier Ángeles. Pero, a las pocas horas se rectificó de su pedido.
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