El caso de las compras de las pruebas rápidas para detectar el Covid-19 durante el gobierno de Martín Vizcarra, sigue levatando polvo. Se supo que EsSalud pagó S/ 41 millones a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C. sin cobrarle la penalidad correspondiente por incumplimiento de contrato, generando interrogantes sobre las razones detrás de esta decisión. La falta de transparencia en este proceso plantean serias dudas sobre la gestión de la entidad estatal.
El pago en cuestión se realizó el pasado 10 de febrero como resultado de un contrato otorgado a la compañía en el 2020, para la venta de más de 1 millón de kits de pruebas rápidas. La controversia en torno a este desembolso se intensificó cuando se descubrió que EsSalud debía descontar S/4,1 millones como penalidad por el incumplimiento de los plazos de entrega.
Según Publio Román, gerente central de Gestión Financiera de EsSalud, dicha penalidad estaba registrada en el sistema de la entidad desde julio de 2020.
Hubo incumplimento de contrato
De acuerdo a las declaraciones del funcionario ante el Ministerio Público, que fueron difundidas por el El Comercio, días antes de emitir el cheque a favor de Aionia, se anuló la penalidad a través del sistema interno de EsSalud, a pesar de que un informe de la Contraloría General de la República decía que Aionia ingresó pruebas rápidas fuera del plazo estipulado en su contrato, “incumpliendo con el cronograma reprogramado”.
El proceso de anulación de la penalidad generó dudas sobre las motivaciones detrás de esta decisión. Román afirmó en su declaración fiscal que la solicitud de emisión del cheque por los S/41 millones nunca pasó el filtro para ser abonado en su totalidad, ya que el sistema automáticamente habría realizado la reducción correspondiente. Esto plantea interrogantes sobre quién o quiénes tomaron la decisión de anular la sanción y por qué se hizo de esta manera.
En la carpeta fiscal se detalla que el gerente central del Ceabe (Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos) de EsSalud, Dante Sánchez Flores, respondió a un memorando emitido por Publio Román en el que solicitaba aclaración sobre la anulación de la penalidad, indicando que el pago debía realizarse sin descuentos “en estricto cumplimiento del laudo arbitral” emitido en enero de este año.
Sin embargo, Publio Román afirmó ante la Fiscalía que no se adjuntó ningún documento que sustentara el motivo por la que el Ceabe elimine la sanción contra la empresa Aionia y que el presidente ejecutivo de EsSalud, Aurelio Orellana, le pidió a principios de febrero de este año que le informara sobre el pago ante una solicitud del entonces ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, hombre de confianza del premier Alberto Otárola.
Ejecutivo pidió descargos al presidente de EsSalud
El ministro de Trabajo, Fernando Varela, indicó que se viene investigando el pago de los S/ 41 millones a la empresa Aionia y que, de hallarse responsabilidades, los funiconarios implicados serán sancionados. En ese sentido, no descartó que el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana, sea removido de su cargo.
“El ministerio viene realizando las investigaciones y se han pedido los descargos de todos los funiconarios involucrados. De encontrar responsabilidades, vamos a tomar las decisiones correctas en esta semana. En ese sentido, de hallarse responsabilidades, habrán sanciones. No descarto que el presidente de EsSalud sea removido. Pero como dije, todo tiene que pasar por el debido proceso”, manifestó en declaraciones a la prensa.
Pago se realizó cumpliendo el fallo del Tribunal Arbitral
Los cuestionamientos al pago del contrato con la empresa Aionia, fueron respondidos por EsSalud a través de un comunicado oficial.
En el documento, precisa que el contrato con la referida empresa fue sometido a una revisión por el Tribunal Arbitral que, luego de dos años de controversia, emitió un fallo precisando que “no corresponde aplicar el pago de la penalidad” de más de S/ 4. 1 millones a la empresa, al haber verificado que el proveedor cumplió con entregar las pruebas rápidas en la oportunidad prevista y requerida por EsSalud.
La entidad estatal precisa que “hizo de conocimiento a la Fiscalía” sobre la resolución a favor de Aionia sin penalidades y posteriormente comunicó sobre dicho pago. Refiere, además, que esta decisión de órgano rector es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento, con efecto de cosa juzgada.
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