Procuraduría General del Estado presentó demanda contra ley que autoriza al Congreso elegir a su procurador público

El Gobierno de Dina Boluarte publicó la ley que autoriza al Congreso de la República elegir su propio procurador público, pese a que la iniciativa legislativa fue rechazada por el Ministerio de Justicia (Minjusdh) y la Procuraduría General del Estado (PGE). Ante ello, el procurador general, Daniel Soria, ha presentado una demanda de amparo contra esta norma.

La medida fue aprobada a inicios del presente mes y recibió la observación del Ministerio de Justicia, pues la cartera consideró que era una norma “jurídicamente no viable” porque iba en contra del artículo 47 de la Constitución. Inclusive, aseguró que esta no era aceptable siquiera como parte de la reestructuración del Sistema Jurídico del Estado.

La iniciativa legislativa referida pretende modificar el Decreto Legislativo 1326 para que el Congreso de la República, el Poder Judicial y otros organismos autónomos puedan designar a sus propios procuradores durante un plazo de cinco años mediante concurso público.

“A partir de la entrada en vigor de la presente ley, los procesos de selección convocados para la designación de los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, cualquiera sea su estado o etapa, se adecuarán a lo dispuesto en la presente ley”, detalla la disposición del Poder Legislativo.

Ante la publicación de la cuestionada norma, este martes 13, la Procuraduría General del Estado decidió formalizar su rechazo ante esta iniciativa e interpuso una demanda su contra.

“Procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, presentó demanda de amparo contra la Ley 31778, en defensa de la autonomía en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, así como del derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad”, informó la PGE a través de su cuenta de Twitter.

Contra la defensa jurídica

Antes de que se oficialice la demanda de amparo, el procurador Daniel Soria se pronunció en contra de esta iniciativa legislativa y alertó acerca del peligro que corre la defensa del Estado si se llega a poner en marcha.

“Van a haber un conjunto de procuradores que son del Congreso, Poder Judicial y otros organismos constitucionalmente autónomos que ya no van a ser designados por la Procuraduría General del Estado a través de un concurso público [...] estos procuradores ya no están sometidos al régimen disciplinario ni van a poder participar de las capacitaciones ni podrán ser supervisados. Cada procurador tendrá que ser regulado por la entidad al que está adscrito. Este quiebre es negativo”, declaró al diario El Comercio.

Según explicó, la aplicación de esta medida le quita eficiencia al sistema público y podría atentar contra la autonomía de los procuradores. Por este motivo, el funcionario aseguró que se requiere de un proceso de selección genérico y objetivo.

Por su parte, se refirió a la intervención del Ministerio de Justicia y señaló que si bien la opinión de esta entidad tuvo que haberse tomado en cuenta por el Gobierno de Dina Boluarte, consideró que la aprobación de esta medida responde más a una decisión política y no técnico-jurídica. “Nos ratificamos en que hubiera sido deseable que las razones para la observación o no observación hayan sido técnica y no de otra índole”, agregó.

Asimismo, reveló que antes de que esta medida sea publicada la Procuraduría General se reunió con el ministro Daniel Maurate (Minjusdh) para conversar sobre este tema. “Él se expresó de manera positiva respecto a la razonabilidad de nuestros planteamientos. Y eso también se ha plasmado en los informes técnicos del ministerio”, sostuvo.

“Se debió haber seguido el dictamen técnico del ministerio, estamos ante un tema técnico. Lamentablemente, eso no ha sido así. [La publicación de la norma] nos ha llamado a sorpresa”, detalló el funcionario.