La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su expareja, Mark Vito, no podrán salir del país durante los próximos 36 meses por imposición del juez Víctor Zúñiga, quien determinó este miércoles que el caso Cócteles, donde se les acusa de lavado de activos y organización criminal, merece ir a juicio público.
La medida también salpica a Vicente Silva, Ana Herz Garfias de Vega, Adriana Tarazona, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Pier Figari, dirigentes y/o colaboradores de la agrupación política, según la resolución citada por El Comercio.
Las audiencias de control de acusación de este proceso, donde Fujimori, Vito y otros están imputados por presuntos aportes ilícitos de su partido en las campañas presidenciales de 2011 y 2016, concluyeron casi dos años después y, con ello, queda abierta la viabilidad del juicio oral.
El juez impuso una serie de reglas de conducta contra Fujimori, Figari, Yoshiyama y Tarazona, quienes, entre otras cosas, no cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial y no comunicarse con sus coimputados, testigos o peritos, aunque esta última prohibición exceptúa a la expareja por tener hijas en común.
La tres veces candidata presidencial afronta una petición fiscal de más de 30 años de cárcel. Entre las aportaciones investigadas está un millón de dólares de la constructora Odebrecht, además de los 3,65 millones de dólares de Credicorp.
Por este caso, Fujimori ya ha cumplido un primer período de prisión preventiva desde noviembre de 2018, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su liberación en noviembre de 2019.
La defensa de Fujimori, quien abandonó la prisión en el momento más crítico de la pandemia, reiteró esta semana que Odebrecht no brindó aportes a su campaña.
“Keiko no puede reconocer eso [los aportes de Odebrecht], porque es un hecho inexistente. De hecho, el propio Barata, quien ha declarado al respecto, ha sido tan impreciso y contradictorio en su propia declaración que no ha dado luces sobre aquella supuesta entrega o aporte del erario”, dijo la abogada Giuliana Loza.
En julio de 2021, el equipo especial del caso Lava Jato inició diligencias preliminares contra Vito por las contrataciones de corretajes de su empresa MVV Bienes Raíces, la cual habría sido instrumentalizada por la presunta red que lideraría Fujimori para la continuación del lavado mediante operaciones comerciales.
En este último caso, según la tesis fiscal, Fujimori integra el brazo político de la red criminal junto con Pier Figari, su exasesor, con quien captaba “bienes ilícitos para obtener poder político” y “blindar” a la organización en agravio de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y del Estado.
Para el Ministerio Público, además, la familia Ramírez usó esta institución para hacer negocios con empresas fachada, creadas por los hermanos, para obtener bienes y dinero ilícitos, que posteriormente fue usado para financiar la campaña de Fuerza Popular en el 2011 y 2016. El monto del lavado sería de 183 millones 66 mil 941 dólares.
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