La polémica aprobación del proyecto de ley que eleva las penas de cárcel para los delitos de difamación y calumnia por parte del Congreso, cuya impopularidad bordea el 90% a nivel nacional, sigue causando rechazo en la prensa nacional. En esta corriente no podía faltar el reconocido periodista César Hildebrandt, quien cuestionó la medida.
“El congreso ha aprobado un proyecto para convertir la difamación en un delito mayor de lo que es ahora; 4 años, un monto de reparación civil más alto y de modo inmediato. Han salido los periodistas por supuesto a protestar, pero en eso siempre hemos tenido los periodistas una lucha feroz con el poder”, indicó en su tradicional podcast de todos los lunes.
El director del semanario Hildebrandt en sus Trece agregó que “hacer periodismo en el Perú es casi intrínsecamente difamatorio, por decirlo con ironía, por decirlo de un modo metafórico”. Por ello, no tuvo reparo en calificar a la representación nacional como una “cueva de miserables” por dar visto bueno a este tipo de iniciativas que atentan contra la libertad de expresión.
“El Congreso es una cueva de miserables. Sí, ya. A ver, pues, vamos a juicio, a ver demuéstrenme que no son una cueva de miserables”, anotó.
Por último, Hildebrandt enfatizó que “el periodismo no necesariamente apasionado, sino de opinión, es un periodismo que roza siempre el peligro de ser entendido como injurioso, difamatorio sobre todo en el Perú, en donde la realidad es tan sublevante en muchos aspectos. Yo no me preocuparía mucho si modifican la ley”.
Ley mordaza
El jueves pasado, el Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación con 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones el proyecto de ley 2862 que eleva las penas por la presunta comisión de los delitos de difamación y calumnia por la utilización indebida de medios de comunicación social, redes sociales y sitios web.
La propuesta salió de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde recibió ocho votos a favor, siete en contra y una abstención. Perú Libre, Bloque Magisterial, Acción Popular y Alianza para el Progreso mostraron su aprobación a esta medida.
Por el contrario, Fuerza Popular, Avanza País y Cambio Democrático la rechazaron. El único voto en abstención que recibió esta iniciativa legislativa provino de Betssy Chávez, la exprimera ministra actualmente investigada por participar del golpe de Estado de Pedro Castillo.
El promotor ha sido el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), quien plantea sendas modificaciones en las sentencias que se dictaban por difamación y calumnia.
Anteriormente, las sentencias por calumnia representaban una pena privativa de la libertad durante un período no mayor a 2 años y 30 a 120 días-multa. Sin embargo, con la presentación del texto sustitutorio que reforma los artículos 131 y 132 del código penal se determina que el acusado debe cumplir una pena de 3 años con 90 a 120 días-multa. Además, deberá realizar una reparación civil a favor de la víctima.
Con el nuevo proyecto, también solicita la incorporación del concepto “indemnización por daño contra el honor” al artículo 1969-A del código civil, el cual hace referencia al dolo o culpa que causa daño al honor de otra persona, el cual se encuentra en la obligación de indemnizarlo.
IPYS rechaza la propuesta
El Instituto de Prensa y Sociedad se pronunció este miércoles acerca del predictamen aprobado y aseguró que se trata de una medida carente de “rigor técnico”. El abogado Roberto Pereira, asesor jurídico de IPYS, afirmó que se trata de una iniciativa innecesaria.
El experto opinó que este proyecto propone reformas “carentes de rigor técnico por innecesarias como, por ejemplo, señalar que la comisión de los delitos de calumnia y difamación también generarán responsabilidad civil, cuando eso ya está previsto desde siempre en el ordenamiento y no existe ninguna duda al respecto”.
“La misma crítica es aplicable a la propuesta de modificar el artículo 1969 del Código Civil que regula la responsabilidad civil extra contractual, para abundar que también se genera este tipo de responsabilidad en los casos de los delitos de calumnia y difamación”, agregó.
Asimismo, enfatizó que la Corte Interamericana ha precisado que la criminalización de este tipo de recursos no va acorde con lo planteado por la Convención Americana de Derechos Humanos. “De aprobarse entonces, el Estado incurría en responsabilidad internacional y se generaría un claro retroceso en la garantía de la libertad de expresión”, detalló.
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