El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo suspendió la ejecución de condena de ocho años de cárcel contra Azul Rojas Marín, la mujer trans que sobrevivió a la violación y tortura de tres agentes de La Libertad, y cuyo caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que demandó al Estado peruano.
Tres jueces dejaron sin efecto este domingo la orden de ubicación y captura que recaía sobre la activista, quien enfrentará la etapa de impugnación en libertad por un supuesto caso de organización criminal, aunque su defensa denunció irregularidades en el proceso y la inexistencia de medios probatorios.
El mismo colegiado que hace una semana impuso la pena resolvió ahora que no hay peligro de fuga, y que Azul Rojas Marín tiene un “estado alto de vulnerabilidad” ante el estado de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios. La defensa legal de la activista había presentado un documento sobre su situación de salud, pero no fue evaluado.
El Ministerio Público la sindica como encargada de “otorgar alojamiento a los integrantes” de una red delictiva, “ocultarlos de las autoridades, y ayudar a guardar armas, municiones, celulares y notas extorsivas”. Sin embargo, para su abogada, el fallo fue “completamente arbitrario y sin sustento que violenta los derechos” de la activista.
La letrada afirmó que, cuando tomó el caso, advirtió a su patrocinada que, si hallaba indicios que la impliquen, renunciaría en el acto. “Lamentablemente hay muchos abusos. Le imputan uso de cuatro números telefónicos, pero Fiscalía no ha probado que Azul sea titular. Le imputan comunicaciones, pero Azul no registra llamadas a ninguna de esa organización criminal. La condenan por supuestamente brindar alojamiento, pero ningún integrante la menciona ni conoce”, detalló.
En enero de 2019 se allanó el domicilio de Azul en La Libertad y Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva por supuesta tenencia ilegal de armas. Sin embargo, el pedido fue desestimado en tres ocasiones hasta que la activista quedó absuelta. Tres meses después fue comprendida nuevamente en el caso.
“Los jueces se han equivocado porque se señala que el día del allanamiento se registró armas, pero si se revisa [el acta], en abril no encuentran ningún arma. Además, hay algo relevante. Azul denunció a los policías del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Paiján que allanaron en enero su casa, son los mismos efectivos que la Fiscalía llamó como testigos para lograr la condena [reciente]”, explicó.
Tras conocer la condena, Promsex, Redress y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones que asumieron el litigio estratégico cuando Azul llevó su caso ante la Corte IDH, solicitaron debido proceso y acceso a la justicia. La Defensoría, por su parte, dijo a Infobae que seguía de cerca el caso y emitiría un pronunciamiento en el transcurso.
Su caso, el primero sobre crímenes de odio que llegó a la Corte IDH, puso en el ojo del mundo el contexto de discriminación y violencia estructural hacia la comunidad LGTBI en el Perú.
En noviembre del año pasado, en una ceremonia pública celebrada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Estado reconoció su responsabilidad y pidió un perdón histórico. Además, Victor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, viajó a Trujillo para reunirse con la activista.
Para Azul, su caso ha reforzado la transfobia y la criminalización de las mujeres trans: “Hay cierto reparo al decirlo, pero en el mismo colectivo se me ha señalado. Lamentablemente, las mismas compañeras reforzaron ese discurso de ensañamiento”, anotó.
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