La polémica entrevista entre el abogado de Martín Vizcarra y Jaime Chincha que terminó con amenaza de demanda

Fernando Ugaz, abogado Martín Vizcarra, se enfrascó este viernes en una riña televisiva con Jaime Chincha, conductor de Canal N, al abordar la denuncia constitucional realizada por la fiscal Patricia Benavides contra el expresidente por el Vacunagate, el escándalo de vacunaciones irregulares del coronavirus a un grupo de altos funcionarios y a sus familiares.

La acusación por concusión planteada por la titular del Ministerio Público —que también salpicó a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti— tiene origen en octubre de 2020, cuando Vizcarra era jefe de Estado.

La limitada partida fue aprovechada para beneficiar a más de cien altas autoridades y a contactos cercanos que incluyeron a sus familias enteras. Sin embargo, para la defensa de Vizcarra, este acto no fue ilícito.

“No fue clandestino. La visita que tuvo el presidente a la Universidad Cayetano Heredia y la conversación que con el señor [Germán] Málaga se grabó y hay un video. Fue una actividad pública. Un acto clandestino es un acto en secreto, a puertas cerradas, sin que exista acreditación del mismo, para que nadie se entere”, señaló.

Aunque aseguró que “la Fiscalía está absolutamente equivocada” sobre su acusación, Ugaz reconoció que fue “un error” que Vizcarra se haya inmunizado sin informarlo públicamente.

“Me parece que fue un error, [Vizarra] debió comunicar, debió informar. Pero ya se ha pagado los costos de ese error. No significa que sea delito”, expresó.

“Cuídese, cuídese, todo eso es una mentira, le puedo clavar un juicio ahorita. Cálmese, no siga”, murmulló Chincha, antes de cortar el diálogo. Finalmente, agregó que Ugaz fue “malcriado” y lo silenció.

En marzo último, el Congreso aprobó un informe final que recomendaba acusar constitucionalmente a Vizcarra por presuntas irregularidades en la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas de la COVID-19 durante la pandemia.

Sin embargo, el 10 de noviembre de 2020 fue destituido por “incapacidad moral” por el Parlamento siguiente, que también lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante 10 años por el Vacunagate y, por eso, no pudo asumir su cargo de congresista por el que fue electo con la mayor votación nacional en los comicios de 2021.