Caso “Mocha sueldos”: APP aún no determina medidas contra congresistas acusadas, informó Lady Camones

Magaly Ruiz, Rosio Torres y María Acuña son las congresistas de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) que han sido acusadas de recortar el sueldo de sus trabajadores. Heidy Juárez, quien también perteneció a este grupo parlamentario, es otra legisladora involucrada en el caso “Mocha sueldos”. Pese a que este delito representa un posible delito de concusión, APP aún no ha determinado las sanciones que aplicará en contra de las denunciadas.

Lady Camones, miembro del grupo parlamentario, conversó con Infobae y precisó que las decisiones que se tomará a nivel partidario y de bancada aún están en evaluación. Cuatro de cinco denunciadas por este caso pertenecen a APP o han sido parte de este partido en algún momento, como el caso de Juárez Calle.

De acuerdo a la expresidenta del Congreso, las acusadas miembro del partido político ya han brindado sus descargos ante las autoridades de APP. No obstante, se deberá respetar el debido proceso dentro de la agrupación.

Anteriormente, la bancada del excandidato a la presidencia César Acuña se ha pronunciado sobre la participación de Rosio Torres Salinas y Magaly Ruíz en el caso “Mocha sueldos”. En los comunicados difundidos a través de sus redes sociales han anunciado que examinarán las presuntas responsabilidades de las parlamentarias en el supuesto recorte de sueldo a trabajadores parlamentarios de sus despachos.

Sanciones

A nivel adminsitrativo, las congresistas acusadas de recortar indebidamente el sueldo de sus trabajadores recibirían apenas 120 días de suspensión. Esta es la “máxima sanción” que puede dar la Comisión de Ética Parlamentaria. Sin embargo, no es la única opción. Una denuncia constitucional podría ser el camino para desaforar a estas funcionarias.

María Cordero Jon Tay, de Fuerza Popular, ya enfrenta una denuncia de este tipo. La acusación fue interpuesta por la colega de su bancada, Matha Moyano y fue aprobado este martes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) por decisión unánime. La fujimorista también solicitó la expulsión del partido. De ser aprobado, la parlamentaria podría ser inhabilitada durante 10 años.

En el caso de su bancada, esta sí se pronunció y refirió que tomarán las acciones correspondientes. “Estamos iniciando las acciones reglamentarias correspondientes en relación con esta delicada situación que involucra a la congresista Cordero Jon Tay”, indicaron.

Una situación similar atraviesa Heidy Juárez. La expresidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, presentó una denuncia constitucional en su contra por el caso “Mocha sueldos”. El día de ayer, la SAC admitió a trámite esta denuncia por supuesto recorte de salarios a sus trabajadores.

“La denuncia constitucional 357 fue formulada por el ciudadano José Benel Alvarado Rojas, hecha suya por la congresista María del Carmen Alva Prieto [Acción Popular] contra la congresista (…) Heidy Juárez Calle”, indicó el grupo de trabajo.

La acusación fue interpuesta por una posible infracción de los artículos 1; 23; 38; y 39 de la Constitución. Esta decisión parlamentaria fue admitida por unanimidad con 19 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. La representante de Piura aseguró que la exmiembro de APP adelantó opinión sobre su caso, pero Camones negó el hecho.

“Vamos a elevar el informe para que la Comisión Permanente nos otorgue el plazo de quince días. En el caso del pedido de inhibición, ya he aclarado que yo no he formulado la denuncia, sino un tercero, y quien se encargó fue María del Carmen Alva. Cualquier congresista que no forme parte de la SAC puede ver la denuncia (…) No existe la figura de inhibición, no hay intereses personales sobre los resultados”, precisó.