Aunque el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) está implicado en dos carpetas fiscales diferentes, que incluso se rigen bajo distintos códigos penales (1940 y 2004), ambas investigaciones están íntimamente relacionados.
El extraditable enfrenta procesos, actualmente, por los casos Interoceánica y Ecoteva; en el primero de ellos se le atribuye recibir presuntos sobornos de la constructora Odebrecht, mientras que en el último se le investiga por el eventual uso de dicho dinero.
Por ambos casos, el Ministerio Público solicitó hace seis años que este sea extraditado al Perú desde los Estados Unidos (EE.UU.). Toledo viajó a dicho país, en el 2017, luego que exdirectivos de la compañía se sometieran a una colaboración eficaz y conocer —por una fuga de información— que se pediría prisión preventiva en su contra.
Por ahora, la justicia norteamericana solo aprobó la solicitud concerniente a la carretera Interoceánica; el segundo pedido de deportación —que incluye a la ex primera dama Eliane Karp— continúa pendiente de calificación.
Caso Interoceánica
El Ministerio Público (MP) sostiene que Odebrecht (ahora Novonor) pagó una suma estimada de US$ 20 000,000 (veinte millones de dólares) al expresidente para obtener —en junio del 2005— la buena pro en las licitaciones de los tramos 2 y 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil.
El dinero, se presume, fue abonado en las diversas cuentas del exempresario peruano-israelí Josef Maiman. Por el caso, se investigan a quince personas naturales y a otras cuatro jurídicas.
“Se brindó la Buena Pro (...) a los consorcios Concesionario Interoceánica Urcos - Inambari y Concesionario Interoceánica Inambari - Iñapari, integrados por Constructora Norberto Odebrecht SA, Graña y Montero SA, JJ Camet Contratistas Generales SA e Ingenieros Civiles Asociados de CV”, indicó el MP.
Las diligencias iniciaron en el 2017 tras las declaraciones del colaborador eficaz Jorge Barata, ex director ejecutivo de la constructora brasileña, que implicaban no solo a Toledo sino también a los empresarios peruanos José y Hernando Graña, para los que se piden veinte y once años de prisión, respectivamente; entre otros.
Al exjefe de Estado se le atribuyen los presuntos delitos de lavado de activos, en las modalidades de actos de transferencia y conversión, y colusión agravada.
Por estas imputaciones, la Fiscalía pide 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad. Se trata de la segunda acusación fiscal contra el ex líder de Perú Posible.
También relacionado a la carretera Interoceánica, la Fiscalía presentó una tercera acusación contra el investigado, en noviembre del año pasado, por el tramo 4.
En este caso, según la entidad mencionada, el exmandatario acordó con un funcionario de la compañía Camargo Correa el pago de US$ 6.3 millones —US$ 5.4 millones destinados para él— a cambio de favorecer al Consorcio Intersur con la licitación de dicho tramo.
Esta vez, se solicitaron 35 años de prisión en su contra, a pedido de la fiscal provincial Diana Canchihuamán, por los delitos antes detallados. Asimismo, se le impone un pago de S/ 972,160.65.
La cifra no está relacionada al monto que se le exige desde la Procuraduría del caso Lava Jato. La procuradora ad hoc, Silvana Carrión, adelantó hace unas semanas que se impondrá —a todos los implicados en estas diligencias— el pago de 1 800 millones de soles como reparación civil.
Caso Ecoteva
En 2013 se evidenció que la suegra de Alejandro Toledo y madre de Eliane Karp, Eva Fernenbug, adquirió distintos inmuebles, en el distrito de Surco, y canceló el pago de las hipotecas de la ex pareja presidencial; según Diario Correo.
Las operaciones se realizaron a través de Ecoteva consulting Group; la tesis fiscal apunta a que Odebrecht pagó las coimas al expresidente mediante la empresa Confiado Internacional y que esta, a su vez, derivaba el dinero a las compañías off shore Ecoteva Consulting Group S.A.; Ecotaste Consulting S.A. y Ashdan E.I.R.L constituidas en Costa Rica.
El ex colaborador eficaz Josef Maiman, representante legal de Confiado Internacional, admitió antes de su muerte en el 2021 que el extraditable “blanqueó” los sobornos a través de la compra de bienes.
Por ello, la Fiscalía presentó la primera acusación fiscal contra el expresidente y pidió 16 años y ocho meses de prisión para Toledo y su esposa Eliane Karp por el presunto delito de lavado de activos en su forma agravada; así como diez y trece años para Fernenbug y el hijo de Maiman, respectivamente.
La reparación civil asciende a S/38′220,000 y deberá ser cancelada entre todos los implicados de forma solidaria. El juicio oral del caso, donde se espera que Alejandro Toledo declare presencialmente, ya inició con las sesiones correspondientes y continuará, con la sustentación de la Fiscalía, el martes dos de mayo.
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