Al menos cuarenta fiscales y policías se han desplegado para intervenir diferentes sedes de la Universidad Alas Peruanas. La diligencia estaría relacionada a la investigación que se le sigue a Joaquín Ramírez, uno de los fundadores de la casa de estudios y actual alcalde provincial de la ciudad de Cajamarca desde enero pasado, por el presunto delito de lavado de activos.
Desde las 6:15 horas de la mañana se realiza el megaoperativo en sitios como los locales de las Alas Peruanas que se encuentran ubicados en los distritos limeños de San Isidro, Surco y Jesús María. Se buscaría la incautación de 203 inmuebles -como casas y tiendas- y 91 vehículos que le pertenecerían al exsecretario general del partido Fuerza Popular y otrora hombre de confianza de Keiko Fujimori.
Esta acción se encuentra enmarcada dentro de la ampliación que el Ministerio Público consiguió del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional para que siga la indagación por 27 meses contra Ramírez el pasado 27 de enero.
Para el juez que tomó esta decisión, Víctor Raúl Zúñiga Urday, el plazo es prudente y razonable, según lo fundamentado por la Fiscalía.
Recordemos que esta investigación fiscal inició a raíz de que Jesús Francisco Vásquez Ybáñez, piloto comercial y extrabajador de la DEA, en los Estados Unidos, pidió que se investigaran los audios que grabó.
Allí se escucha que Ramírez informaba a Keiko Fujimori la entrega de 15 millones de soles para someterlos al lavado de activos.
Tras revisar las cuentas de Joaquín Ramírez, el Ministerio Público detectó un incremento inusual de sus ganancias.
También se planteó la teoría de que habría entregado S/8,2 millones, presuntamente direccionado por la Universidad Alas Peruanas, para las empresas Capricornio Import, Lima Ingeniería y Construcción, Constructora e Inmobiliaria Habitaria, Ofisoft, Technologies, entre otras.
Para el fiscal Wilson Salazar Reque, se cree que la Universidad Alas Peruanas estuvo involucrada porque esto ocurrió cuando el tío de Joaquín Ramírez se desempeñaba como rector de la mencionada casa de estudios.
Se presume que tal cantidad de plata, de origen ilícito, iba a entregarse a Fuerza Popular para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori, en las elecciones presidenciales de 2016.
Sobre Ramírez, pesan otras denuncias como la elaboración de certificado de posesión falso en Trujillo, falsificación de documentos y fraude procesal en Cajamarca, además de la propia investigación de la DEA por posiblemente haber comprado varios inmuebles en Miami valorizados en 20 millones de dólares ilegalmente.
Descargos de la Universidad Alas Peruanas
Ante la reciente incautación irregular de bienes, ordenada en contra de la Universidad Alas Peruanas (UAP), la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (COOPALASPE), propietaria de las acciones de la Universidad, emitió un comunicado donde manifiesta que este hecho constituye una clara muestra de abuso de autoridad cometido por la Fiscalía de Lavado de Activos del Ministerio Público.
“Es falso afirmar —como lo ha hecho el Ministerio Público— que la UAP sea propiedad de la familia Ramírez, puesto que COOPALASPE es la única propietaria de la UAP desde su creación. La familia Ramírez se apropió ilegalmente de un porcentaje de acciones cuando tenía el control de la gestión de la UAP. Sin embargo, estas acciones han retornado a su accionista originario, COOPALASPE, una vez que se determinó que las transferencias habían sido absolutamente nulas e ilegales”, sostienen.
Agregan que la nueva gestión de la UAP, desde que asumió la administración de la universidad a fines del año 2020, no tiene ningún tipo de vínculo con el señor Ramírez ni los miembros de su familia, ahora investigados por lavado de activos. Precisan que la UAP incluso inició acciones legales contra Joaquín Ramírez y otros miembros de su familia por el cobro de deudas que tiene con la universidad, demandas que han sido admitidas ante el Poder Judicial y son de conocimiento del Ministerio Público.
Apuntan que la Fiscalía comete una arbitrariedad al incautar los bienes de propiedad de la UAP, “quien resulta siendo víctima y agraviada de los delitos cometidos por la familia Ramírez”. Aseguran que los bienes de la UAP fueron adquiridos de forma lícita, tal como lo demuestran los documentos de Registros Públicos y son producto de los legítimos aportes de los miembros de la COOPALASPE.
En el documento, afirman que la universidad ya denunció penalmente al fiscal Wilson Salazar Reque por prevaricato, fraude procesal y abuso de autoridad, pues interpuso medidas que restringen y vulneran nuestros derechos, sin que existan fundamentos legales para hacerlo. “Lo hizo el año 2021 con una inhibición ilegal y hoy lo vuelve a hacer con una incautación igual de abusiva y alejada del ordenamiento jurídico”.
Finalizan señalando que como accionistas únicos de la Universidad Alas Peruanas, interpondrán todas las acciones legales que se requieren en defensa del patrimonio de nuestros miles de cooperativistas y de los miembros de la comunidad universitaria de la UAP. En esa línea, exigen que esta medida irregular, en lo que compete a los bienes de la UAP, se revierta de inmediato.
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