Entre junio y julio del 2021, cuando Pedro Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia de la República junto a Dina Boluarte, que aspiraba a la Vicepresidencia bajo la fórmula de Perú Libre, funcionó un comedor popular destinado a simpatizantes del partido que por entonces acampaban en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a la espera de los resultados electorales.
Se llamó ‘Ranchito Dina Boluarte’ y se estableció en el sótano de Jirón Callao 460, donde se preparaba desayuno, almuerzo y cena para los partidarios que viajaron a Lima desde distintas regiones durante la segunda vuelta. Según un informe contable interno del comedor, el empresario Henry Shimabukuro, investigado por el caso ‘Gabinete en la sombra’, fue uno de los aportantes.
Los aportes del empresario se registraron el 28 de junio, el 30 de junio y el 5 de julio de 2021. La encargada de administrar el ‘Ranchito Dina Boluarte’ fue la excandidata al Congreso, Dinela Canta, quien desde enero de este año es prefecta del distrito de Puente Piedra. Anteriormente, nunca había trabajado para el Estado, pero desde que Boluarte llegó al poder ha sumado S/ 33 mil en órdenes de servicios, según un informe de Cuarto Poder.
Un documento de más de 60 páginas elaborado por Canta y difundido por Latina el miércoles señala que el comedor nació “para generar más presencia de la candidata en eventos y marchas” y “era una forma de demostrar que Boluarte agradecía el apoyo de las delegaciones”. Precisa, además, que llegó a preparar más de mil porciones.
La presidenta ha señalado que la investigación por presunto financiamiento irregular de la campaña electoral de 2021 hará que los implicados en este caso “respondan con la verdad, entreguen las pruebas y señalen quiénes y cómo recibieron supuestos aportes”.
Boluarte ha remarcado su rechazo a las acusaciones y reiteró que estas son una “oscura maniobra política que pretende manchar al Gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad”.
“No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores. Si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno”, señaló su despacho a través de Twitter.
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El congresista de Fuerza Popular también incluyó una disposición para que los agentes de la PNP que participaron de la represión durante las protestas de los años 2022 y 2023 también sean protegidos por esta norma presentada en octubre
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