A pesar de que su desafuero en el Congreso de la República sería inminente, Betssy Chávez seguiría cobrando su sueldo como parlamentaria. Esto porque la integrante de la bancada de Perú Democrático al no existir una sentencia judicial que cancele su mandato, tendrían que seguir depositándole sus honorarios en una cuenta del Banco de la Nación.
Sin embargo, Chávez Chino podrá acceder a este dinero si es que termina absuelta de la investigación que la Fiscalía de la Nación sigue en su contra por haber cometido presuntamente los delitos de rebelión y conspiración al ser la presunta coautora del mensaje golpista que el expresidente Pedro Castillo brindó el 7 de diciembre del año pasado cuando quiso cerrar el Parlamento y capturar otras instituciones públicas.
Si fuera lo contrario y termina condenada, la exprimera ministra tendrá que devolver todo lo recibido
Por lo pronto, la exprimera ministra tendrá que defenderse el próximo miércoles 22 ante el Pleno. Allí tendrá la última oportunidad para presentar sus argumentos contra la acusación constitucional que la Comisión Permanente aprobó el martes pasado. Con 24 votos a favor, dos en contra y una abstención se dio el visto bueno para que el documento se eleve al debate de la representación nacional.
Similar situación pasarán los exministros Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Willy Huerta (Interior) porque ambos estuvieron en Palacio de Gobierno mientras Castillo Terrones brindaba su mensaje a la nación que terminó por acabar con su gobierno.
La próxima semana, los congresistas votarán si Chávez y compañía cometieron los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional-rebelión (Art. 346 del Código Penal), y contra los poderes del Estado y el orden constitucional – conspiración (Art. 349 del Código Penal) en agravio del Estado. En caso de que se apruebe el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la exprimera ministra de Castillo, Roberto Sánchez y Willy Huerta ya no tendrán la prerrogativa del antejuicio político.
Además, se podría optar también por suspender o desaforar a Chávez y Sánchez. En ese escenario, la fiscal Patricia Benavides podría solicitar una prisión preventiva contra los imputados. Además, los accesitarios de los mencionados parlamentarios ocuparían sus curules.
Medidas restrictivas
Ya se han tomado medidas para evitar la fuga de la exprimera ministra de Pedro Castillo. La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió este miércoles pasado una alerta migratoria contra ella y los exministros Sánchez y Huerta a solicitud de la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País).
Adicionalmente, la Comisión Permanente envió un oficio al Poder Judicial para que se le dicte impedimento de salida del país contra Betssy Chávez debido a que se encuentra investigada por ser la coautora del golpe de Estado de Castillo.
Sin embargo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria rechazó la solicitud porque en el petitorio alcanzado por el Parlamento no ha incluido los “elementos de convicción” (fundamentos) y el tiempo que requiere para la medida contra Chávez Chino.
Por esa razón, le ha otorgado un plazo de tres días para que la procuradoría del Legislativo subsane estos detalles y presente otra vez el documento ante el magistrado “bajo apercibimiento de ser rechazada” si se incumplen los requisitos antes señalados.
Se allana a la investigación
Tras agravarse su situación legal, Chávez no estuvo yendo al Parlamento. En esa línea, al ser abordada por un medio de comunicación a la salida de su vivienda, en Magdalena, la expremier manifestó no tiene planeado fugarse del país tras suspender el servicio de protección personal.
“Ayer estuve mal de salud, presenté el documento a Oficialía Mayor [del Congreso de la República]”, declaró.
Además, envió un oficio al presidente del Congreso, José Williams, para solicitarle que se apruebe la denuncia constitucional en su contra. En el documento precisa que se allana a la investigación abierta en su contra donde se le señala como coautora del golpe de Estado del exmandatario Castillo Terrones.
“Quiero expresar mi total predisposición de coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos y de no impedir el trámite procesal sobre la base de un privilegio (antejuicio) que, aunque constitucional y legítimo, no abona a dichos fines”, señala en la carta enviada por la legisladora de Perú Democrático.
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