
Luego de ser la protagonista de una denuncia pública, la asesora de la presidenta Dina Boluarte, Grika Asayag, fue apartada de su cargo. La presunta entrega de certificados de estudios adulterados habrían sido el principal motivo para poner fin a su vínculo laboral con el Poder Ejecutivo. El órgano de control ha abierto una investigación contra la cuestionada exfuncionaria por tres documentos presentados en su CV.
Un reportaje de Cuarto Poder reveló que uno de los diplomas en cuestión corresponde al Virginia Henderson por el curso ‘Bioseguridad en tiempos de COVID-19′, del 16 de octubre del 2020. Además registra otro curso similar de febrero del año pasado y uno de formación como paramédica que habría sido obtenido el 17 de septiembre del 2022. Sin embargo, quien habría firmado los documentos ha negado que esa sea su rúbrica.
“No, definitivamente no (es mi firma). La fecha también me asombra mucho más. Por intermedio mi abogado le voy a hacer llegar documentos acreditan que ese documento es totalmente falso y cuál era mi condición en esa fecha”, manifestó Roberto Justo Tejada Estrada, hombre señalado como firmante de los certificados. Desde que inició sus labores, Asayag difundió imágenes de su participación en actividades oficiales.

De otro lado, el dominical Panorama reveló que la asesora de la presidenta Boluarte ha sido acusada de querer apropiarse de una casa ubicada en la cuadra siete de la avenida Bolivia, en el distrito de Breña. El predio le pertenece a la familia Ortiz según Registros Públicos, pero Grika Asayag reclama que es suya debido a que en los últimos quince años vivió allí. Por esa razón, la asesora presidencial presentó una demanda de prescripción adquisitiva para quedarse con la casa.
Una publicación del semanario Hildebrandt en sus trece da cuenta de la importante participación de Asayag en el gobierno de Boluarte. Esta sería la encargada de organizar la agenda de la mandataria y estar a su lado durante sus viajes. Sin embargo, el mencionado medio da cuenta de las declaraciones de un a fuerte que asegura que entre la asesora y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, no hay una buena relación.
Asayag y Dina Boluarte pasan horas conversando en el Despacho Presidencial, pero se conocieron recientemente, durante la segunda vuelta electoral. Estrecharon amistad en la cartera de Inclusión Social, cuando Boluarte enfrentaba una denuncia que buscaba destituirla por supuesta infracción constitucional, al firmar documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del gobierno, según el semanario.
Cuestionado accionar

Entre los principales cuestionamientos hacia Dina Boluarte durante su participación en el gobierno de Pedro Castillo fue el mantenerse como presidenta de un club departamental cuando el ejercicio de otros cargos cuando se es funcionario público está prohibido. Si bien se trata de un caso que le trajo varios problemas, esta se mantiene como presidente del Club Departamental Apurímac, según una publicación de Perú 21.
En esa línea, la jefa de Estado sigue infringiendo el artículo 126 de la Carta Magna que, a pesar de estar referido a sólo los ministros de Estado, también alcanza a un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
“Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, se lee en el dispositivo legal.
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