A pocos días de cumplirse tres meses del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, se ha presentado un informe final de la denuncia constitucional contra el expremier Betssy Chávez y ministros como Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo). Al igual que el exmandatario a estos se les acusa del presunto delito de rebelión y conspiración por los hechos sucedidos el pasado 7 de diciembre.
Las indagaciones sobre la presunta comisión de delitos inició pocas horas después de que Pedro Castillo anunciara sus intenciones de disolver el Congreso, hacerse del sistema de justicia e iniciar un gobierno de excepción. La vacancia y detención del exmandatario permitió que el proceso continuara. Según el Ministerio Público, los acusados se encontraban en Palacio de Gobierno en el momento del discurso del jefe de Estado.
El fiscal Marco Haumán Muñoz refirió ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales información sobre fechas y hechos que ocurrieron tras la transmisión del mensaje a través de cadena nacional. Este señaló que existe evidencia que la entonces premier Betssy Chávez habría actuado en forma concertada conjuntamente con sus coinvestigados, entre ellos el exmandatario que hoy cumple prisión preventiva en Barbadillo.
Los testimonios de Cintya Malpartida Guarniz y Antonio Pantoja Ocho, periodistas convocados por Chávez Chino para la cobertura del mensaje a la Nación, también han sido incorporados en el informe. Los exministros de Pedro Castillo son investigados por el presunto delito contra los poderes del Estado y orden constitucional en su modalidad de rebelión y conspiración en agravio del Estado.
Ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el fiscal Huamán Muñoz declaró que el exministro Willy Huerta aseguró que el expresidente se comunicó con él para darle órdenes. “En ese momento me pasa con el mandatario y éste me ordena que cierre el Congreso, que no permita el ingreso de ninguna persona y saque a lo que están adentro e intervenga a la fiscal de la Nación”, señaló.
Prisión preventiva
El expresidente Pedro Castillo no solo es investigado por el delito de rebelión sino también por el de presuntamente integrar y liderar una organización criminal, colusión y tráfico de influencias. La audiencia en la que se decidirá si se le impone 36 meses de prisión preventiva será atendida el viernes 3 de marzo, según el Poder Judicial. El caso se inició a partir de las irregularidades en las obras del Puente Tarata II en San Martín.
Según la tesis fiscal, Castillo dirigía una red de corrupción, lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. Fue invitado a comparecer, pero solicitó que su presentación ante el pleno fuera en persona y no por videoconferencia, lo cual fue desestimado. En dicha organización habría participado su cuñada y varios de los ministros que lo acompañaron en su gobierno.
Semanas atrás, se presentó un habeas corpus para anular la prisión preventiva de Castillo. El documento fue presentado por la Federación Nacional de Abogados del Perú bajo la representación de Gregorio Parco Alarcón. Sin embargo, las autoridades desestimaron dicho pedido.
El recurso fue planteado contra el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley Soria que dictó la prisión preventiva de Castillo, así como contra los magistrados César San Martín Castro, Manuel Luján Tupez, Carmen Paloma Altabas Kajatt, Erasmo Armando Coaguila Chávez y Norma Beatriz Carbajal Chávez que confirmaron la medida. La prisión preventiva fue oficializada el 15 de diciembre del año pasado.
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