El Poder Ejecutivo dispuso que se le entregará, de manera excepcional y por única vez, un apoyo económico a los familiares de los fallecidos y los heridos de las protestas sociales que iniciaron tras el 7 de diciembre del año pasado por la asunción de mando de Dina Boluarte.

Así se puede leer en el Decreto de Urgencia Nº 006-2023 que se publicó en una edición extraordinaria de las normas legales en el diario El Peruano.

En el dispositivo legal se menciona que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgará 50 mil soles a los deudos de las víctimas que será distribuido entre los identificados por la Comisión Multisectorial. En tanto, 25 mil soles será por concepto de apoyo para cada persona herida de gravedad tras el enfrentamiento con las fuerzas del orden.

Hay que mencionar que el decreto de urgencia establece que la subvención que no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria. Es decir, esto no implica que el Estado asuma eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales por lo ocurrido en las manifestaciones en Lima y regiones del interior del país. Además, esta disposición tendrá una vigencia de 45 días.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, hay casi 70 fallecidos y más de mil heridos que dejaron las marchas contra la gestión de Boluarte.

Perdidas millonarias

Por su parte, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, estimó que el costo de las protestas de enero y febrero habría ascendido a alrededor de S/2.600 millones y teniendo como principal consecuencia su impacto en las economías regionales.

“El costo de enero fue de S/1.820 millones y en febrero habría estado en alrededor de S/800 millones. Observamos una moderación de estos costos relacionados a la apertura de vías y de las economías que estaban cerradas”, indicó Contreras este lunes en entrevista con RPP.

“Los casi S/2.600 millones es un costo pequeño frente al tamaño de la economía, pero si consideramos el impacto a nivel regional es relevante”, agregó el funcionario.

Contreras señaló que, en el marco de las protestas, enero ha sido el mes más complejo y que, desde febrero, se prevé una aceleración importante de la economía.

Este resultado se espera luego de que, en el 2022, la producción solo se haya crecido en un 2.7%, un nivel bastante por debajo de lo esperado.

“La economía creció 2.7% en el 2022, bastante bajo respecto a su nivel potencial. Sin golpe de Estado [de Pedro Castillo], sin paralización de mineras, el crecimiento hubiera estado cercano a un 4%”, puntualizó el ministro. “Queda esa sensación de que pudo ser un mejor año, pero se está avanzando en la reactivación”, agregó.

Puno, la región que resiste

A casi tres meses de convulsión social, se vive una aparente calma y a la fecha solo una región mantiene sus vías bloqueadas. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) indicó que solo la región Puno reporta 35 puntos con tránsito interrumpido en nueve vías nacionales.

A causa de lo bloqueo de las principales vías de acceso a la región y la suspensión de las actividades del aeropuerto de Juliaca han sumergido a Puno en una situación de aislamiento que viene afectando a la población y a los diferentes sectores económicos.

A causa de las manifestaciones, la Fiesta de la Virgen de la Candelaria fue suspendida lo que significó una gran pérdida económica para las empresas y pequeñas empresas que se benefician con la llegada de turistas.

El presidente de la Cámara de Comercio y de la Producción de la región Puno, Francisco Aquise Aquise, informó que más de 230 millones de soles se dejó de generar con la suspensión las actividades que se realiza en honor a la mamacha de la Candelaria.