La administración de Dina Boluarte replicó este sábado al informe de Amnistía Internacional (AI), que denunció en la víspera los “ataques generalizados” hacia la población por parte de las fuerzas del orden durante las protestas.
La organización también advirtió que la “grave crisis de derechos humanos” del país ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas.
La cartera, presidida por José Tello, señaló que “aprecia el diálogo abierto” sostenido entre la mandataria y representantes de AI, en el cual “se ratificó el compromiso del Estado con la promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a la protesta pacífica”.
La misión de AI enviada a Perú viajó a Ayacucho, Apurímac y Cusco entre los días 29 de enero y 11 de febrero, y se reunió con altos funcionarios, entre ellos Boluarte, y múltiples representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, heridos y familiares de las víctimas mortales de las protestas, que ascienden a 70.
“Las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del Gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”, aseveró.
Resaltó, en este sentido, que mientras que los departamentos con más población indígena representan el 13 % de la población peruana, estos concentran el 80 % de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis, en diciembre pasado.
Estos hechos, alertó Guevara, “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, lo que es un crimen bajo el derecho internacional, que tiene responsabilidades, no solo de quien jaló el gatillo, sino de quien dio la orden”.
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