Hasta hace poco, la relación género-derecho sólo era parte de debate en organización feministas, ONG y asociaciones de mujeres. La escalada de denuncias de acoso y el efecto dominó que provocó en especial la de Thelma Fardín instaló el tema en la sociedad.
"Utilizar el enfoque de género como herramienta de análisis del fenómeno jurídico permite comprender que las leyes no son neutrales y por lo tanto no tiene iguales efectos en hombres y mujeres, pues la historia nos ha demostrado que sólo formalmente somos iguales ante la ley", señala la abogada panameña Nischma Villarreal Chávez.
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Está claro que es necesario hacer cambios radicales para que el fenómeno se afiance definitivamente en la sociedad, pero el proceso es lento. Ya hay algunas universidades en las que se enseña Derecho que están incluyendo la perspectiva de género en su currícula, por ejemplo. El ámbito de la Justicia Penal también necesitaría revisarse: es uno de los fueros más desiguales. El 80 % de los jueces designados son hombres. En la Corte Suprema hay sólo una mujer y sólo uno de los doce juzgados de Comodoro Py está a cargo de una figura femenina. También son minoría en las instancias revisoras. "El Poder Judicial es muy arcaico, muy vertical, está esa idea de la figura del juez arriba y abajo los súbditos. Es un ambiente donde ha habido millones de casos de acoso", dice la prosecretaria de un Tribunal Oral en lo Criminal, Constanza (no quiso dar su apellido). Y agrega: "Hay machismo como lo hay en toda nuestra sociedad. Muchas veces, los jueces lo tienen innato y les cuesta entender a la víctima a la hora de fallar. No obstante, en los últimos años se estuvo logrando un cambio de mirada y se está modernizando".
En medio de este volcán en erupción en donde pareciera que la respuesta viene de la sociedad y los medios, "aparece el Estado haciéndose cargo de no estar a la altura y propone capacitarnos", dice Kathrin Ecke, la abogada de GROW, consultora especializada en género para organizaciones. A lo que agrega: "La Ley Micaela va a dar una idea más pareja sobre cómo tratar ciertos temas y sería fundamental que esto pasara en otros ámbitos privados. Que se hicieran códigos de conducta y protocolos sobre cómo acompañar a las víctimas evitaría muchísimas de estas situaciones".
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ALGO ESTÁ CAMBIANDO. De a poco, situaciones que antes estaban naturalizadas están dejando de serlo. Los movimientos sociales de las mujeres presionaron para que, desde el Estado, las leyes acompañen estos cambios. Situaciones como cruzarnos de vereda porque cuatro hombres nos acechaban de lejos, prestos para decirnos alguna guarangada, o que nos tocaran bocina o nos chiflaran de cualquier auto, moto o camión, era algo que no nos cuestionábamos. En 2017 se promulgó la Ley de Acoso Sexual en espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires y nos advirtió que aquello era acoso callejero. Hoy tiene una pena económica que va desde $ 200 a $ 1.000 y diez días de trabajo comunitario, dependiendo de la gravedad del hecho. "Apunta a la prevención de acoso verbal o físico, el hostigamiento y el maltrato, que impiden el libre tránsito", explican las abogadas Melisa Sol García y Melina María Sol González, fundadoras de la Asociación Civil de Abogadas Feministas (ABOFEM) Argentina.
Incluso hay otras leyes sancionadas hace ya varios años, pero no son tan populares. "Somos un país que tiene una normativa sumamente avanzada y rica, pero que falla en la parte práctica. Muchas veces, la interpretación de esa ley merece un nuevo paradigma social", agregan las profesionales de ABOFEM. Desde 2009, por ejemplo, está vigente la ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales, que se desprende de tratados internacionales de derechos humanos. Plantea que la mujer tiene derecho a una vida sin violencia ni discriminación y postula que deben existir políticas públicas en las que no haya diferencias entre los géneros. Dentro de esta ley, hay un artículo sobre violencia laboral: la elección de los puestos a la hora de seleccionar un empleado o la diferencia salarial entre ambos géneros pueden ser denunciados por la mujer como violencia laboral. El término "femicidio" se incorporó en 2012 y se sustituyó por el anteriormente usado "crimen pasional" en el inciso 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal. Esta palabra cambió el paradigma porque cataloga el crimen teniendo en cuenta la perspectiva de género, ya que "se refiere al delito registrado por un hombre mediante violencia de género".
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Una de las más utilizadas es la Ley de Protección Integral, que está asociada a la violencia física. "Pero este es el último paso", sostiene Sol García. "Esta ley enmarca un montón de otros ciclos de violencia, como la económica o la psicológica, que muchas veces son los pasos previos hasta llegar a la violencia física como parte final de ese ciclo". Y agrega: "Hoy se están empezando a conocer esas acciones que están en el medio y muchas veces se naturalizaban". Los avances son lentos, pero contundentes, y vienen de la mano del empoderamiento femenino. La sociedad toda está cambiando y marcando un hito en la historia de la humanidad.
texto CANDELA URTA (curta@atlantida.com.ar) fotos LATINSTOCK/123RF
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