Jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá cuentan desde hoy con una nueva ley de descuentos

Este lunes fue sancionada en Panamá una ley que amplía los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá, y que además eleva las multas para quienes se nieguen a otorgarlos.

Estas podrán llegar hasta USD 5.000 para personas naturales y jurídicas que incumplan la normativa.

La sanción del presidente, José Raúl Mulino, se concretó durante un Consejo de Gabinete extraordinario.

La nueva ley modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, la norma que desde hace casi cuatro décadas regula los beneficios para la población de la tercera edad en el país.

Ahora, la Ley 6 de 1987 amplía sus beneficios a nuevas categorías de productos y servicios. El objetivo declarado es facilitar el acceso de los adultos mayores a bienes esenciales de salud, asistencia y uso personal.

Entre los cambios se incorporan descuentos en medicamentos, consultas médicas, exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos. La reforma también suma rebajas en pañales desechables para adultos y en trámites de vivienda, estos últimos reservados a los adultos mayores que sean propietarios del inmueble.

La normativa sancionada por el mandatario suma beneficios para la compra de equipos de asistencia y ayudas técnicas. La lista incluye prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, sanitarios portátiles, sillas de baño, camas hospitalarias y colchones especializados.

El texto también introduce descuentos en la adquisición de ataúdes, urnas y en la contratación de servicios funerarios, un rubro que antes no estaba contemplado en la ley original.

Las multas por negar estos descuentos podrán alcanzar hasta USD 5,000, según la información divulgada tras la sanción presidencial. Con este refuerzo, el Gobierno busca garantizar el cumplimiento efectivo de los beneficios ya existentes y de los que se suman con la reforma.

El mismo lunes, Mulino también sancionó otra ley de peso: el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027. La partida asciende a USD 35.111,75 millones y había sido aprobada la semana pasada en la Asamblea Nacional.

La sanción llega en medio de cuestionamientos por una propuesta introducida en el proyecto que habilita excepciones en la ley de contrataciones públicas.

El texto plantea incluir a los ministerios de Obras Públicas, Educación y Gobierno, entre otras instituciones, dentro de las entidades que podrían acogerse a excepciones de hasta un millón de dólares para adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos.

Según la propuesta, esas contrataciones directas procederían ante situaciones fortuitas y de urgencia, o ante circunstancias de interés público que requieran atención prioritaria.

El mandatario se refirió un día antes a la polémica por las excepciones en contrataciones públicas, explicando que la última palabra sobre el uso de los fondos recae en otra dependencia del Estado.

“La ley puede decir lo que usted tenga que decir o quiera decir, pero acuérdese de una cosa: el que dispone de los recursos es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y si hay, hay, y si no, pues no hay”, afirmó Mulino.

La nueva norma contempla una asignación de USD 12,839.7 millones para inversiones públicas, equivalente al 36.6% del presupuesto total. Esta cifra representa un incremento del 12% en comparación con el presupuesto de 2026, mientras que los gastos de funcionamiento registran una reducción del 5%.

El presidente agregó que ese punto del debate no le genera preocupación. Sin embargo, reconoció que el mecanismo de excepción exige controles: “En estas eventualidades se necesita agilidad, pero también que esa agilidad vaya acompañada de transparencia y fiscalización del contralor”, sostuvo.

Con la sanción conjunta de ambas leyes, los medios indicaron que el Gobierno panameño cerró en una misma jornada dos frentes distintos: la ampliación de beneficios para adultos mayores y la aprobación del presupuesto que regirá las finanzas públicas del país durante 2027.