Panamá registra 502 denuncias por delitos ambientales en nueve meses

El Ministerio Público contabilizó 502 denuncias entre enero y septiembre de 2026, con incrementos importantes en Chiriquí, Colón y Panamá Oeste. Las investigaciones abarcan daños a los ecosistemas, tala ilegal, afectaciones a especies protegidas y otras conductas sancionadas por la legislación penal.

Las denuncias por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial aumentaron 17% en Panamá durante los primeros nueve meses de 2026, al pasar de 430 a 502, según estadísticas del Ministerio Público. Los registros incluyen destrucción de recursos naturales, maltrato animal, afectaciones a la vida silvestre e infracciones relacionadas con proyectos urbanísticos.

La categoría con mayor incidencia fue la de delitos contra los recursos naturales, con 277 denuncias, equivalentes al 55% del total. Le siguieron los delitos contra animales domésticos, con 176 casos; contra la vida silvestre, con 44; y las infracciones de tramitación y cumplimiento urbanístico, con cinco investigaciones.

Dentro del primer grupo, la destrucción de recursos naturales acumuló 187 denuncias, frente a 154 en 2025, un incremento del 21%. Esta figura comprende conductas que afectan ilegalmente los componentes del ambiente, mientras la tala y destrucción de vegetación en áreas especiales registró 52 investigaciones, una reducción del 31%.

El informe también contabiliza 13 denuncias relacionadas con la importación de materiales o desechos peligrosos, 12 por incendios de masas vegetales y ocho por emisiones de ruido, gases, olores o luminosidad que afectan al público o los ecosistemas. Estas conductas pueden comprometer la calidad del aire, el suelo y las fuentes hídricas.

Los delitos contra animales domésticos registraron uno de los mayores incrementos, al pasar de 110 a 176 denuncias, equivalente al 60%. Esta categoría comprende conductas de maltrato o crueldad sancionadas penalmente. En materia de vida silvestre, se contabilizaron 36 investigaciones por extracción de especies protegidas y ocho por tráfico, que implica su comercialización ilícita.

En materia de minería ilegal, dos personas fueron aprehendidas el 19 de septiembre en la quebrada Peluca, dentro del Parque Nacional Chagres, donde presuntamente extraían minerales sin autorización. MiAmbiente decomisó motobombas, palas y bateas, mientras la Fiscalía Ambiental asumió las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Otro operativo realizado en junio, en Mamoní Arriba, permitió la aprehensión de 11 personas y la retención de un menor por presunta extracción clandestina. En julio, seis personas fueron sorprendidas en el Corredor de Los Pobres, donde la actividad minera había provocado afectaciones al suelo y al cauce de una quebrada.

La legislación panameña establece penas de tres a seis años de prisión por destrucción, extracción, contaminación o degradación ilegal de recursos naturales, conforme al artículo 399 del Código Penal. Las sanciones pueden aumentar cuando se afectan áreas protegidas, cuencas hidrográficas o fuentes de agua, entre otras circunstancias agravantes.

En junio, cuatro personas recibieron condenas de 48 meses de prisión por minería ilegal en Las Minas, provincia de Herrera. Los sentenciados habían sido sorprendidos realizando exploraciones clandestinas en Río Negro, donde las actividades ocasionaron daños al ecosistema y degradaron un acuífero, según el Ministerio Público.

Los riesgos asociados a la actividad minera también quedaron expuestos tras el terremoto del 9 de octubre, que provocó un deslizamiento en la antigua mina El Remance, en Veraguas. La explotación, abandonada desde 1999, conserva depósitos de residuos mineros que representan un pasivo ambiental y requieren vigilancia permanente.

MiAmbiente detectó en la quebrada Veneno un pH de 5.75, indicativo de condiciones ácidas, además de concentraciones de hierro de 15 miligramos por litro y sulfatos de 114 miligramos por litro. Los resultados motivaron un monitoreo reforzado de las fuentes de abastecimiento, mientras continúa la evaluación de posibles afectaciones.

La institución solicitó al IDAAN vigilar las tomas de agua de San Francisco y Santiago, mientras el Ministerio de Salud evalúa los sistemas comunitarios. También anunció trabajos de restauración ambiental en El Remance y otros cinco puntos del país, ante los riesgos que representan las antiguas explotaciones abandonadas.

En la distribución geográfica, Panamá encabezó las denuncias con 99 casos, seguida de Chiriquí, con 91, y Panamá Oeste, con 74. Colón registró el mayor incremento relativo entre las provincias, de 118%, mientras Chiriquí aumentó 82% y Panamá Oeste 80% frente a 2025.

El informe también revela reducciones importantes en Darién, Los Santos y Bocas del Toro, con disminuciones de 76%, 50% y 34%, respectivamente. Septiembre cerró con 44 denuncias, frente a 38 en agosto, mientras enero concentró el mayor registro mensual, con 76 investigaciones.