El Órgano Judicial de Panamá trabaja en la implementación de un registro estadístico de agresores condenados por violencia contra las mujeres, una herramienta cuya creación está contemplada en la Ley 82 de 2013. Casi 13 años después de aprobarse esa legislación, la plataforma permanece en fase de revisión y ajustes, según informó la institución.
La iniciativa es coordinada por Ariadne Maribel García Angulo, magistrada de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género. La Dirección de Modernización del Órgano Judicial tendrá la responsabilidad de administrar el sistema informático.
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El proyecto responde al artículo 33 de la Ley 82, que ordena mantener un registro computarizado basado en condenas por hechos de violencia contra las mujeres. La disposición exige recopilar información sobre las víctimas y los agresores, las características de los casos, las medidas adoptadas y las sanciones impuestas.
Entre los datos que deben registrarse figuran la edad, el estado civil y la ocupación de las personas involucradas, así como el vínculo entre la víctima y el condenado. La legislación también dispone que los juzgados remitan anualmente la información correspondiente para alimentar esta herramienta.
El anuncio actual no constituye el primer avance conocido. En enero de 2026, el Órgano Judicial informó sobre una reunión para revisar el desarrollo de la plataforma. En aquella ocasión, García Angulo planteó incorporar información sobre el cumplimiento de las penas, las indemnizaciones a las víctimas y la duración de los procesos.
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También se mencionó la posibilidad de incluir posteriormente información de agresores procesados en la jurisdicción penal de adolescentes. En ese momento, la institución señaló que el sistema debía someterse a aprobación del Pleno de la Corte Suprema, con miras a permitir su consulta pública.
Sin embargo, la comunicación más reciente no establece una fecha para su puesta en funcionamiento, ni precisa cuántas sentencias estarán incorporadas inicialmente. Tampoco detalla el alcance de las consultas ciudadanas o las condiciones de acceso a la información personal contenida en el registro.
La Ley 82 contempla además otras obligaciones institucionales. El Ministerio Público debe consultar el registro de agresores al evaluar medidas de protección, con el propósito de valorar el riesgo que enfrenta una víctima. La normativa también asigna a la Policía Nacional responsabilidades relacionadas con registros y estadísticas sobre violencia contra las mujeres.
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Otro registro aprobado desde 2021
Panamá cuenta, además, con una legislación específica para el registro de ofensores sexuales, distinta de la herramienta que desarrolla el Órgano Judicial. La Ley 244 de 2021 creó ese sistema, mientras que la Ley 501 del 24 de noviembre de 2025 autorizó su consulta pública.
El registro de ofensores sexuales corresponde a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y comprende información sobre personas condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e integridad sexual, tráfico de menores y trata de personas con fines de explotación sexual.
Aunque la apertura al público fue aprobada en 2025, su implementación todavía atravesaba una etapa técnica en septiembre de 2026. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó entonces que la plataforma ya funcionaba internamente, pero la DIJ continuaba incorporando y validando los registros.
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El administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, ha explicado que la consulta ciudadana se habilitaría mediante Panamá Conecta. También anunció la posibilidad de emitir certificados de no ofensor sexual, que podrían ser solicitados por empleadores, y estimó que el servicio estaría disponible antes de finalizar 2026.
Así, Panamá desarrolla dos herramientas diferentes para documentar antecedentes de violencia. Una responde a la legislación de protección de las mujeres y permanece bajo revisión judicial; la otra, centrada en delitos sexuales, ya tiene una plataforma interna y espera completar los procedimientos para abrir su consulta pública.
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