
El Gobierno panameño decidió detener durante un año la entrada de rifles semiautomáticos de uso particular. La medida comenzará el 22 de septiembre de 2026 y responde, según el decreto publicado en la Gaceta Oficial, a la necesidad de evaluar su circulación y reforzar los controles sobre unas armas que las autoridades consideran de posible riesgo para la seguridad pública.
El Decreto Ejecutivo No. 19 establece una suspensión temporal de las importaciones, vigente hasta el 21 de septiembre de 2027. Su alcance es preciso: comprende rifles de uso particular con mecanismo de disparo semiautomático.
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No prohíbe de forma general su tenencia o porte ni cambia la clasificación legal de las armas prevista en la Ley 57 de 2011.
Un rifle semiautomático dispara una vez por cada presión del gatillo y prepara automáticamente el siguiente cartucho para efectuar otro disparo. Esa característica lo distingue de un arma automática, capaz de realizar varios disparos mientras se mantiene presionado el gatillo. El decreto se refiere al mecanismo semiautomático, pero incorpora excepciones según el calibre.
Quedan fuera de la suspensión los rifles semiautomáticos de calibres .22 Short, .22 Long, .22 Long Rifle, .22 Magnum y .22 Hornet. Esa excepción no significa que puedan ingresar libremente al país: cada importación deberá cumplir las autorizaciones, los requisitos y los controles establecidos por la legislación sobre armas y sus reglamentos.
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La decisión se fundamenta en la preocupación oficial por el aumento de armas con capacidades tácticas y elevado poder de fuego en circulación e inventario. El Ejecutivo considera necesario examinar periódicamente su trazabilidad y destino final, además del flujo de importaciones hacia el mercado panameño y los posibles desvíos al comercio ilícito.
El decreto plantea, por ello, una evaluación técnica integral durante el período de suspensión. El objetivo declarado es fortalecer la fiscalización estatal y reducir riesgos para el orden público.
La aplicación estará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, por medio de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP). Esta dependencia deberá coordinar la fiscalización con la Autoridad Nacional de Aduanas y otras entidades competentes. Mientras dure la medida, no expedirá nuevas resoluciones que autoricen importar los rifles comprendidos en la suspensión.
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Si se presentan solicitudes durante ese año, la DIASP deberá resolverlas mediante una decisión motivada, respetando los plazos y garantías del procedimiento administrativo general. El decreto no indica que las peticiones queden aprobadas por el solo hecho de presentarse. También deja claro que las excepciones por calibre requieren autorización previa conforme a la Ley 57.

Para las armas que ya ingresaron legalmente a Panamá, la suspensión no cancela por sí sola los certificados de tenencia ni las licencias de porte. Sus propietarios continúan sujetos a las obligaciones y controles vigentes. La restricción opera sobre nuevas importaciones del tipo señalado, sin modificar los permisos existentes únicamente por la entrada en vigor del decreto.
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Entre enero y junio de 2026, las autoridades panameñas recuperaron 1.278 armas de fuego. Los rifles fueron la categoría más numerosa, con 551 unidades, equivalentes al 43 % del total, según el informe del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.
En ese mismo período se recuperaron 389 pistolas, 119 revólveres y 71 escopetas. El registro incluye además 15 fusiles y 133 armas clasificadas como «otros». El informe contabiliza los rifles como una sola categoría, sin separarlos por mecanismo de disparo o calibre.
La cifra de rifles recuperados no corresponde exclusivamente a modelos semiautomáticos: el reporte tampoco permite establecer cuántos pertenecen a los calibres exceptuados por el decreto. Así, las 551 unidades representan el total de rifles registrados en el primer semestre, no la cantidad alcanzada por la suspensión de importaciones.
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La nueva disposición entrará en vigor el 22 de septiembre, cuatro días después de su publicación en la Gaceta Oficial. Durante los doce meses siguientes, el Gobierno mantendrá cerrada la importación de los rifles comprendidos en el decreto mientras evalúa los controles sobre su circulación, trazabilidad y destino en el mercado nacional.
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