
El Municipio de La Chorrera en Panamá Oeste prepara una licitación con un precio de referencia de $114.5 millones para concesionar durante 20 años el servicio de aseo.
La cifra, sin embargo, no representa un pago municipal al contratista ni el monto que una empresa deberá desembolsar para obtener el contrato.
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Los $114.5 millones corresponden a los ingresos brutos que el futuro operador podría recibir entre 2027 y 2047 mediante las tarifas cobradas a viviendas, comercios y otros usuarios. Para efectuar el cálculo, el municipio utilizó una recaudación mensual estimada de $477 mil durante los 240 meses de vigencia.
Con esos recursos, el concesionario deberá financiar el personal, la flota, el combustible, el mantenimiento y la disposición final de los desperdicios. También asumirá los costos administrativos, tecnológicos y ambientales de la operación. Por tanto, la cifra de referencia tampoco equivale a la ganancia que obtendrá la empresa adjudicataria.
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El operador no conservará íntegramente todo lo recaudado, pues deberá entregar al municipio entre el 2.5% y el 3% de los cobros mensuales. Cada participante propondrá un porcentaje dentro de ese rango y la oferta económica formará parte de la evaluación para adjudicar la concesión por mejor valor.

La licitación busca sustituir el contrato que el municipio mantiene con Veolia Panamá, compañía que anteriormente operaba como EMAS Panamá. La concesión comenzó en 2007 y terminará el 17 de mayo de 2027, después de dos décadas, por lo que la selección anticipada pretende evitar interrupciones durante el cambio de operador.
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El modelo enfrenta una dificultad heredada: los usuarios de la concesionaria vigente mantienen más de $38 millones en facturas pendientes por el servicio de aseo, según reportes periodísticos.
No es una deuda del municipio con Veolia, sino una cartera acumulada entre clientes residenciales y comerciales que no pagaron sus recibos.
Una tarifa emitida no significa necesariamente que el dinero haya sido recibido. Por ello, el nuevo operador deberá actualizar el catastro, clasificar las cuentas atrasadas y establecer acuerdos de pago.
Cuando un usuario ignore las gestiones durante al menos 90 días, podrá solicitar al municipio la activación del procedimiento de cobro coactivo.

La contratación abarcará los 18 corregimientos que integran el distrito de La Chorrera, con una población base de 258.221 habitantes. El estudio de mercado proyecta que el territorio podría superar los 369.000 residentes en 2047, lo que obligará a ampliar rutas, vehículos y personal conforme aumente la generación de desperdicios.
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Puerto Caimito, Barrio Colón, Guadalupe y Playa Leona concentran aproximadamente el 62.4% de la población y buena parte de la demanda del servicio. Barrio Balboa, Herrera y El Coco forman otro bloque de elevada densidad, mientras las comunidades rurales necesitarán equipos y recorridos adaptados a sus condiciones de acceso.
El contrato incluirá la recolección y transporte de residuos domiciliarios, comerciales, industriales e institucionales, además del barrido de calles y espacios públicos. El adjudicatario también administrará la facturación y atenderá reclamos, mientras los desechos deberán ser trasladados hasta una instalación autorizada para su disposición final.
El pliego establece que las vías principales y comerciales tendrán recolección de lunes a sábado y las barriadas, tres veces por semana. Las zonas rurales serán atendidas dos veces semanalmente, mientras los sectores turísticos e institucionales recibirán cobertura diaria o según la demanda, con horarios comunicados previamente a cada comunidad.
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Para comenzar, la empresa deberá disponer de una flota mínima de 18 vehículos, incluidos 12 camiones compactadores de diferentes capacidades. También necesitará un minicompactador, dos unidades Roll-On/Roll-Off, un camión cajetero y dos camionetas destinadas a supervisar las rutas y responder ante contingencias operativas.
La concesión contempla un período de transición de hasta 15 meses, aunque el servicio no podrá reducirse ni suspenderse durante esa etapa. En los primeros seis meses deberán incorporarse cuatro compactadores modelos 2026 o 2027, mientras la renovación restante avanzará conforme al cronograma aprobado por el municipio.
El proceso ocurre después de reiteradas quejas por retrasos y acumulaciones de basura en comunidades como El Coco. A comienzos de 2026, residentes denunciaron períodos de hasta un mes sin atención y las autoridades reconocieron deficiencias, además de reportar sanciones por $4.500 contra la concesionaria vigente.
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El Concejo Municipal autorizó al alcalde Eloy Chong a desarrollar la contratación mediante el Acuerdo 06 del 17 de marzo de 2026. La adjudicación será global y no se permitirán propuestas parciales para componentes separados, de modo que un solo operador asumirá la inversión, la recaudación y los riesgos del servicio durante dos décadas.
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