Derechos de la niñez indígena panameña son cada vez más vulnerados, señala un informe de la Defensoría del Pueblo

Tres de cada cuatro niñas, niños y adolescentes indígenas en Panamá enfrentan pobreza monetaria, de acuerdo con un reciente diagnóstico presentado por la Defensoría del Pueblo en colaboración con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP) y el acompañamiento técnico de UNICEF.

El informe revela que el 91% de los infantes indígenas que habitan en las comarcas vive bajo pobreza multidimensional, una cifra que marca la profundidad de las desigualdades existentes.

El análisis indica que uno de cada cuatro menores en el país es indígena, lo que equivale a 315.089 personas. De ese total, casi el 60% no ha cumplido los diez años. Esto expone la urgencia de garantizar protección y acceso a servicios esenciales desde las primeras etapas de la vida.

En el sistema educativo panameño, la exclusión se refleja con nitidez: el 15% de la niñez y adolescencia indígena permanece fuera de las aulas, una proporción tres veces mayor que la observada en la población no indígena ni afrodescendiente.

Además, apenas el 21% de niñas, niños y adolescentes indígenas cuenta con seguridad social, lo que limita sus posibilidades de desarrollo y acceso a servicios básicos.

El informe constituye el primer diagnóstico integral centrado en los derechos de la niñez y adolescencia indígena en Panamá.

Este documento ofrece 22 recomendaciones agrupadas en siete ejes estratégicos, dirigidas a reducir las brechas en educación, salud, protección social y acceso a derechos, así como a mejorar la gobernanza y la financiación estatal enfocada en la interculturalidad.

Para su elaboración, el proceso incluyó visitas a las comarcas Emberá Wounaan, Guna Yala y Ngäbe Buglé, además de zonas urbanas como Arraiján, Santa Ana y El Chorrillo. Durante estas jornadas, niñas, niños y adolescentes, junto a autoridades tradicionales y representantes comunitarios, compartieron sus perspectivas y necesidades, integrando sus voces al análisis.

El diagnóstico evidencia que la desigualdad afecta de manera persistente el ejercicio de los derechos fundamentales de la infancia indígena. Entre los principales desafíos destacan las limitaciones en el acceso a la educación, la baja cobertura de protección social y la necesidad de políticas públicas sensibles a la diversidad cultural.

El documento recomienda, entre otras medidas, fortalecer la gobernanza en clave intercultural, ampliar la cobertura de servicios de salud y educación de calidad, reforzar los sistemas de protección y justicia para la infancia, y mejorar la generación de información para la toma de decisiones públicas.

Se hace énfasis en la corresponsabilidad entre instituciones estatales, autoridades tradicionales, comunidades y familias como elemento clave para avanzar en la garantía de derechos.

Las recomendaciones se fundamentan en la Ley 285 de 2022, que creó el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y en la Ley 504 de 2025, que encomienda a la Defensoría del Pueblo labores de vigilancia y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia.

La consulta directa con la infancia indígena constituye un eje esencial del informe, reconociendo su derecho a ser escuchados en los asuntos que afectan sus vidas. “Escuchar a las niñas, niños y adolescentes indígenas no es solamente un ejercicio de participación; es una obligación de derechos humanos y una condición para que las políticas públicas respondan realmente a sus necesidades”, afirmó Angela Russo, Defensora del Pueblo.

El documento se presenta como una herramienta para la acción estatal, orientada a fortalecer la coordinación interinstitucional y asignar recursos a las áreas de mayor necesidad.

Según Olga Isaza, directora Adjunta de UNICEF para América Latina y el Caribe, el objetivo es que las decisiones se basen en evidencia y se prioricen las zonas más vulnerables.

La Defensoría del Pueblo anunció que dará seguimiento a las recomendaciones, mediante monitoreo y trabajo conjunto con entidades estatales y pueblos indígenas, buscando consolidar una respuesta más eficaz frente a las desigualdades que enfrentan niñas, niños y adolescentes indígenas en Panamá.