
El proyecto para ampliar y rehabilitar la vía del Puente Centenario y la Autopista Panamá–La Chorrera recibió el visto bueno definitivo para iniciar su proceso de licitación bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), una obra llamada a transformar uno de los corredores con mayor congestión vehicular del país.
La aprobación quedó formalizada mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial, en la que el Ente Rector del Régimen de APP autorizó el informe técnico definitivo, el pliego de cargos, el contrato y sus anexos, permitiendo al Ministerio de Obras Públicas (MOP) poner en marcha el proceso para seleccionar al concesionario que ejecutará el proyecto.
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Con esta decisión comienza la fase de licitación de una iniciativa que busca rehabilitar, ampliar y mantener la infraestructura vial que conecta la ciudad de Panamá con Panamá Oeste, una provincia cuyo acelerado crecimiento urbano ha convertido al Puente Centenario y a la autopista hacia La Chorrera en uno de los principales cuellos de botella del país.
La resolución aprueba el proyecto denominado “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Autopista Centenario”, que será desarrollado bajo el régimen de Asociación Público-Privada (APP).
A diferencia de una obra pública tradicional, este modelo permite que una empresa privada financie, construya, rehabilite y mantenga la infraestructura durante un período determinado, mientras el Estado remunera el servicio con base en indicadores de desempeño previamente establecidos.
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El proyecto contempla intervenir la vía Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera, mejorando sus condiciones de circulación y conservación, además de incorporar sistemas inteligentes de transporte (ITS) para monitorear el flujo vehicular, gestionar incidentes y elevar los estándares de seguridad vial. El objetivo es ofrecer una carretera con mejores niveles de servicio y reducir los tiempos de desplazamiento entre Panamá y Panamá Oeste.
La necesidad de esta obra responde a una realidad que miles de conductores enfrentan diariamente. El Puente Centenario constituye la segunda gran puerta de entrada y salida de la capital, después del Puente de las Américas, y es el principal enlace para quienes se desplazan entre la ciudad y Panamá Oeste. Sin embargo, el crecimiento demográfico, residencial y comercial registrado durante la última década ha llevado esta infraestructura al límite de su capacidad.
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Cada mañana y cada tarde se forman extensas filas de vehículos en ambos sentidos de circulación, afectando no solo a residentes de Arraiján y La Chorrera, sino también al transporte de carga, al comercio y a la conexión con el interior del país.

Los estudios de prefactibilidad elaborados por la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, estiman que el proyecto requerirá una inversión cercana a 382 millones de dólares.
El contrato tendría una duración total de 25 años: 13 meses para la fase de preconstrucción, 30 meses para la etapa de construcción y, una vez concluidas esas fases, el contratista seleccionado recibiría una concesión de 21 años para encargarse del mantenimiento de la vía conforme a los estándares establecidos por el MOP.
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Entre las principales intervenciones previstas figura la construcción de dos carriles adicionales en los accesos al Puente Centenario, uno por cada sentido de circulación, así como la implementación de carriles reversibles en la autopista Panamá–La Chorrera para aumentar la capacidad durante las horas de mayor demanda.
También se contemplan mejoras en varios intercambiadores y accesos estratégicos, incluyendo sectores como La Mitra, Bique y las inmediaciones del Hospital Nicolás Solano, además de la rehabilitación integral de la vía y un programa permanente de mantenimiento durante la vigencia del contrato.

Con esta aprobación, Panamá continúa ampliando el uso del modelo APP como mecanismo para desarrollar grandes proyectos de infraestructura.
Actualmente el país ya cuenta con dos contratos bajo este esquema para rehabilitar y mantener importantes tramos de la carretera Panamericana. Uno corresponde al trayecto entre Pacora y Yaviza, en la provincia de Darién, con una longitud de 246.2 kilómetros, mientras que el segundo abarca el tramo comprendido entre La Loma de Campana y Santiago de Veraguas, con aproximadamente 192 kilómetros.
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La cartera de iniciativas que el Gobierno analiza bajo el régimen APP también incluye otros proyectos de infraestructura pública. Entre ellos figuran la construcción de un nuevo centro penitenciario, un complejo deportivo y el desarrollo de zonas agroindustriales destinadas a fortalecer las cadenas de producción y almacenamiento del sector agropecuario.
El régimen de Asociación Público-Privada fue creado mediante la Ley 93 de 2019 con el propósito de atraer inversión privada para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos. Bajo este modelo, el Estado conserva la titularidad de los activos, mientras que el concesionario privado asume el financiamiento, la ejecución y el mantenimiento de las obras durante el plazo contractual.
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Para el Gobierno, este esquema busca acelerar la ejecución de proyectos estratégicos sin depender exclusivamente de recursos presupuestarios inmediatos. En el caso del Puente Centenario y la Autopista Panamá–La Chorrera, la expectativa es que la futura concesión permita ofrecer una infraestructura más moderna y segura para una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país, donde la demanda de movilidad supera desde hace años la capacidad de las vías existentes.
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