El Consejo de Gabinete de Panamá, encabezado este martes por el presidente José Raúl Mulino, aprobó un paquete de decisiones que combina financiamiento público por hasta USD 9.000 millones y una reforma legal del servicio eléctrico para endurecer las obligaciones de las distribuidoras, reforzar los reclamos de los usuarios y preparar la licitación de las concesiones que vencen en 2028, según la Presidencia de la República.
La parte financiera incluye dos autorizaciones al Ministerio de Economía y Finanzas: un programa rotativo de emisiones de Notas del Tesoro en el mercado local por hasta USD 6.000 millones, con plazos de dos a 10 años, y la posibilidad de suscribir estructuras de financiamiento con instituciones financieras locales e internacionales por un monto acumulado de USD 3.000 millones, según la Presidencia de la República.
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De acuerdo con la Presidencia de la República, el programa de Notas del Tesoro fue aprobado mediante el decreto de gabinete N. 34-24. La medida busca fortalecer el programa de Creadores de Mercado, profundizar las capacidades del mercado local de capitales e incrementar el acceso del Estado a fuentes de financiamiento de corto y mediano plazo, en línea con las necesidades estacionales del Tesoro Nacional.
El segundo instrumento fue autorizado por el decreto de gabinete N. 33-24. Según la Presidencia de la República, ese esquema dará al Estado flexibilidad para ejecutar operaciones financieras en el momento que considere oportuno, según las condiciones ofertadas y las necesidades estacionales del Tesoro Nacional.
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La reforma eléctrica apunta a reclamos, multas y concesiones de 2028
En paralelo, el Consejo de Gabinete aprobó presentar ante la Asamblea Nacional una iniciativa para modificar la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, que regula el servicio público de electricidad, según La Prensa. La Presidencia de la República indicó en un comunicado que la propuesta busca fortalecer el marco regulatorio y revertir el desmejoramiento sistemático en la calidad del suministro eléctrico a los consumidores.
La iniciativa incorpora plazos definidos para atender reclamos, el reconocimiento de créditos a favor de los usuarios cuando las empresas distribuidoras incumplan las normas de calidad y nuevas herramientas regulatorias para una supervisión más efectiva. También dispone que las multas impuestas a las empresas concesionarias se hagan efectivas y que esos recursos lleguen al cliente afectado, según ambas fuentes.
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El proyecto aprobado por el Gabinete responde de forma directa a la pregunta sobre qué cambiaría para los usuarios del servicio eléctrico: si una distribuidora incumple las normas de calidad, el consumidor tendría plazos claros para reclamar, podría recibir créditos a su favor y contaría con un marco en el que las sanciones económicas a las empresas se traduzcan en compensaciones para los afectados.
Según TVN, el proyecto fue identificado como Proyecto de Ley 10-26. Ese medio señaló que la propuesta pretende equilibrar la relación entre las compañías prestadoras del servicio y los usuarios, después de décadas en las que, de acuerdo con el texto, los clientes han enfrentado interrupciones frecuentes y fluctuaciones de voltaje que en muchos casos provocaron daños en artefactos y equipos eléctricos.
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El vencimiento de los contratos de distribución ordena el calendario de la reforma
Según La Prensa, en 2028 vence el contrato por 15 años del Estado con las empresas distribuidoras Naturgy: a través de Edemet y Edechi, y con ENSA. Por esa razón, antes de esa fecha debe convocarse una licitación para la distribución eléctrica.
La propuesta también contempla medidas para reforzar la transparencia de la información que reciben los consumidores y fortalecer las reglas sobre calidad y continuidad del servicio, según TVN. El mismo medio informó que el texto será remitido a la Asamblea Nacional, donde deberá ser discutido y aprobado.
Otro de los cambios incorpora a las distribuidoras a la labor de la Oficina de Electrificación Rural, para llevar el servicio de energía eléctrica a comunidades de difícil y costoso acceso, según La Prensa y TVN.
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Además del paquete financiero y de la iniciativa sobre electricidad, el Consejo de Gabinete aprobó el decreto N. 32-24, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a modificar los artículos dos, cuatro y siete del decreto de gabinete N. 25 del 15 de abril de 2024, según la Presidencia de la República.
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