Sector privado advierte riesgos económicos por nuevo etiquetado frontal en Panamá

En medio del debate legislativo sobre la implementación de un sistema de etiquetado frontal de advertencia en alimentos, la discusión en Panamá ha comenzado a tomar un giro más complejo.

Mientras el proyecto avanza en una subcomisión de la Asamblea Nacional con el objetivo de advertir de forma clara sobre el contenido nutricional de los productos, distintos sectores han empezado a cuestionar no solo el fondo de la medida, sino también su forma y posibles efectos.

Uno de los posicionamientos más críticos proviene de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que advierte que no existe un modelo único ni consenso internacional sobre cómo debe aplicarse este tipo de etiquetado.

Según el gremio, ni Europa, ni Estados Unidos, ni América Latina han logrado establecer un estándar definitivo, lo que refleja que se trata de un tema más complejo de lo que parece a simple vista.

El proyecto en discusión busca implementar un sistema de advertencias visibles en los empaques, con el fin de alertar a los consumidores sobre altos contenidos de azúcar, sodio o grasas.

La intención es facilitar decisiones de compra más informadas, especialmente en un contexto donde las enfermedades no transmisibles han ido en aumento. Sin embargo, la Cámara sostiene que reducir la información a un símbolo puede ser una simplificación excesiva, que no necesariamente mejora la comprensión del consumidor.

Desde su perspectiva, el problema no está en advertir, sino en cómo se informa. El gremio plantea que la salud no puede resumirse en un ícono o una etiqueta frontal, ya que los hábitos de consumo responden a múltiples factores.

En ese sentido, advierten que cuando una política se queda corta en información, el costo de esa simplificación termina trasladándose al consumidor.

Uno de los principales impactos señalados es el económico. La implementación de un nuevo sistema implicaría cambios en empaques, reformulación de productos y ajustes en procesos industriales, lo que representa un costo significativo para las empresas.

En un mercado como el panameño, ese costo no se absorbe internamente, sino que termina reflejándose en el precio final de los productos, afectando directamente al consumidor.

A esto se suma un posible efecto en la oferta. La Cámara advierte que, al tratarse de un mercado pequeño, si las exigencias regulatorias se vuelven más estrictas que en otros países, muchas marcas podrían optar por salir del país o no ingresar, simplemente por razones de rentabilidad.

El resultado sería menos competencia, menor variedad y mayor presión sobre los precios, un escenario que contradice el objetivo de proteger al consumidor.

El proyecto legislativo, por su parte, busca alinearse con tendencias internacionales que promueven mayor transparencia en la información alimentaria.

Sus impulsores sostienen que el etiquetado frontal ha demostrado ser una herramienta útil en otros países para reducir el consumo de productos con alto contenido de ingredientes críticos. No obstante, incluso en esos casos, los modelos han sido objeto de ajustes constantes.

Frente a este escenario, la Cámara propone una alternativa: el etiquetado electrónico. Según su planteamiento, este modelo no elimina la información, sino que la amplía, permitiendo al consumidor acceder a detalles más completos a través de herramientas digitales, como códigos QR.

A diferencia del etiquetado frontal, este sistema no implicaría costos adicionales en producción ni modificaciones complejas en empaques, lo que evitaría presiones inflacionarias.

Además, el gremio insiste en que el eje central del debate debería ser la educación del consumidor. Argumentan que ningún sistema de etiquetado, por sí solo, resolverá los problemas de salud pública si las personas no comprenden lo que están consumiendo.

En ese sentido, consideran que el enfoque debería orientarse a formar ciudadanos capaces de interpretar la información nutricional, más que a simplificarla.

La discusión también pone sobre la mesa un tema de fondo: el equilibrio entre regulación y mercado. Mientras el Estado busca proteger la salud pública mediante herramientas más visibles y directas, el sector privado advierte sobre los efectos colaterales que pueden surgir si las medidas no se diseñan con suficiente profundidad técnica y económica.

La experiencia internacional refuerza este punto. Diversos países han implementado modelos de etiquetado frontal, pero muchos han tenido que ajustarlos o complementarlos con otras políticas, precisamente porque los resultados no han sido uniformes. Esto refuerza la idea de que no existe una solución única ni definitiva.

En ese contexto, Panamá enfrenta una decisión relevante. La implementación de un sistema de etiquetado no solo tendrá implicaciones en la salud pública, sino también en el comportamiento del mercado, los precios y la disponibilidad de productos.

La clave estará en encontrar un modelo que no se limite a advertir, sino que realmente aporte valor en la toma de decisiones del consumidor, sin generar distorsiones innecesarias.

El debate sigue abierto, y lo que está en juego no es solo el diseño de una etiqueta, sino la forma en que el país decide abordar uno de los desafíos más complejos: cómo equilibrar información, educación y acceso en el consumo de alimentos.