Autoridad Marítima de Panamá asegura que puertos operados por PPC presentan “deterioro significativo”

Un nuevo elemento se suma a la disputa entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aseguró que, tras asumir el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, detectó un “deterioro significativo” en ambas terminales, las cuales —según el comunicado oficial— se encuentran alejadas de los estándares internacionales de la industria.

La respuesta de la AMP se produce después de los señalamientos hechos por PPC, que acusó al Gobierno panameño de no cumplir con el proceso de arbitraje y de solicitar una prórroga para presentar sus descargos.

Ese nuevo choque elevó la tensión entre ambas partes, provocó una reacción del presidente José Raúl Mulino y ahora derivó en este nuevo pronunciamiento de la autoridad marítima, que endurece aún más la postura oficial frente a la concesionaria.

El pronunciamiento de la AMP ocurre horas después de que el presidente Mulino adelantara que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre la situación real de los puertos, luego de la toma de control por parte del Estado.

El mandatario ha insistido en que el país actuó en cumplimiento de la ley, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la concesión otorgada en 1997.

De acuerdo con la AMP, la decisión de ocupar temporalmente las terminales respondió a la necesidad de garantizar la continuidad operativa, segura y eficiente del servicio público, tras lo que calificó como una falta de cooperación por parte de PPC.

La entidad asegura que la empresa ocultó información e impidió una transición ordenada, lo que obligó al Estado a intervenir para mantener la operación portuaria sin interrupciones.

El informe oficial también enfatiza que la medida adoptada no constituye una expropiación, sino una ocupación temporal respaldada por la legislación vigente, mientras se determina el valor de los activos.

En ese contexto, el Gobierno ha defendido que todas sus acciones se han realizado bajo el marco de la Constitución y la ley, rechazando las acusaciones de PPC sobre supuestos actos arbitrarios o confiscación.

La disputa entre el Estado panameño y PPC tiene su origen en el fallo emitido el 29 de enero de 2026, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que aprobó el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Esta decisión dejó sin sustento jurídico la operación de la empresa, que forma parte del grupo CK Hutchison, un conglomerado con respaldo en Pekín y con presencia global en el sector portuario.

Desde entonces, el conflicto ha escalado hacia el ámbito internacional. PPC ya inició un proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en el que busca defender sus intereses frente a las acciones del Estado panameño.

Por su parte, la AMP confirmó que Panamá participará en ese proceso y presentará sus argumentos. Mulino aseguró que ya se contrató a la firma especializada que defenderá la postura del país.

En medio de este escenario, el Gobierno ha avanzado en la reorganización de la operación portuaria. En el caso del puerto de Balboa, la administración temporal quedó a cargo de APM Terminals Panamá S.A., mediante un contrato por $26,100,000 destinado a la operación, mantenimiento y gestión de la terminal en el Pacífico. Por su parte, el puerto de Cristóbal será administrado por TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), bajo un acuerdo por $15,800,000 para la operación de la instalación en el Atlántico.

Las proyecciones oficiales indican que Panamá podría recibir hasta $100 millones durante el período transitorio de operación portuaria, estimado en 18 meses.

El conflicto también ha reactivado el debate sobre el impacto económico de la concesión. PPC ha sostenido que, en sus 28 años de operación, ha aportado $658 millones al Estado panameño y ha invertido $1,695 millones en infraestructura y equipos, defendiendo su rol en el desarrollo del sistema portuario.

Sin embargo, las autoridades panameñas han cuestionado la relación contractual y los beneficios obtenidos por la empresa.

El señalamiento de la AMP sobre el estado de las terminales introduce un elemento técnico que podría influir en el desarrollo del arbitraje. La condición en la que fueron recibidos los puertos podría convertirse en un punto de discusión clave, tanto en términos de responsabilidad operativa como en la valoración de los activos involucrados en la disputa.

Por ahora, el caso se perfila como uno de los conflictos más relevantes para el sector logístico panameño en los últimos años. La combinación de factores legales, económicos y operativos convierte este proceso en un punto crítico para el futuro del sistema portuario, mientras el país busca mantener su posición como uno de los principales centros logísticos de la región.

En los próximos días, se espera que el Gobierno revele nuevos detalles sobre la operación de los puertos y el estado en que fueron encontrados, lo que podría marcar el rumbo de la discusión pública y del proceso arbitral que ya está en marcha.