Mulino desestima pronunciamiento de Panamá Port Company, acusándola de deteriorar el país a base de “maleantería”

De “infame y mentira” calificó el presidente José Raúl Mulino la posición de Panama Ports Company (PPC) al señalar que la República de Panamá continúa “deteriorando su confiabilidad como destino de inversión extranjera a través de su conducta más reciente y sostenida, semanas después de la toma indebida de las terminales en los puertos de Balboa y Cristóbal”.

Al rechazar estos señalamientos, Mulino sostuvo que se mantiene el grado de inversión, la economía está creciendo y que los que “deterioraron el país fueron ellos, con la maleantería que hicieron”.

Hoy o mañana la firma de abogados que contrató la nación hacerle frente al arbitraje internacional interpuesto por la empresa emitirá un comunicado donde le dirán al país las “bellezas” y los “atracos” de PPC en Panamá, afirmó el mandatario.

Cuestionado sobre la extensión solicitada por Panamá para responder al arbitraje, dijo que “eso no significa nada”, ya que todo se debió a que no se contaba con una firma internacional de abogados para llevar adelante el proceso.

Panamá no presentó su respuesta en el arbitraje internacional presentado por PPC para el plazo original fijado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el viernes 13 de marzo de 2026.

“Nos notificaron un miércoles y había que responder el viernes, por lo que se pidió una prórroga. Es algo muy común”, puntualizó Mulino.

Las diferencias entre la nación canalera y PPC, filial de la hongkonesa CK Hutchison, surgieron el pasado 29 de enero cuando la Corte Suprema de Justicia panameña determinó que no existe una concesión vigente para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, al considerar el contrato-ley con PPC como “inconstitucional”, siendo lesivo al interés público, pues otorgaba beneficios desproporcionados a la empresa.

Ante esta decisión, el 23 de febrero se dio la toma del control de ambas terminales portuarias por parte del gobierno panameño, a través de la Autoridad Marítima de Panamá, agudizándose el conflicto.

Ese mismo mes, PPC anunció un proceso de arbitraje en contra de la República de Panamá, y recientemente comunicó que iba a arreciar sus acciones legales, tanto a nivel local como internacional.

Destacó que junto a sus inversionistas ha realizado inversiones significativas en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, contribuyendo a la generación de miles de empleos y al posicionamiento de Panamá como centro logístico de relevancia internacional.

Antes de interponer el arbitraje, Panama Ports Company manifestó en un comunicado que había realizado ingentes esfuerzos para no recurrir a una disputa legal, incluyendo consultas y comunicaciones con distintas instancias del Estado, mientras mantenía la operación portuaria y cooperaba con las autoridades.

Sus acciones, según dijeron, no obtuvieron respuestas por parte del gobierno panameño.

De primera mano la empresa solicitó una indemnización que será determinada con base en la evaluación de datos financieros relevantes, además de otros remedios que considere pertinentes, reservándose todos sus derechos.

Ahora, Panama Ports Company reclama al menos $2,000 millones en daños, además de presentar nuevos recursos contra el decreto ejecutivo que ordenó la toma de sus activos y la incautación de documentación.

Mientras el proceso arbitral avanza, el Gobierno panameño insiste en que cuenta con la defensa adecuada y rechaza los señalamientos de la empresa, en un caso que mantiene la atención sobre la seguridad jurídica y el clima de inversión en el país.