En los últimos meses Panamá ha registrado un repunte preocupante de casos de minería ilegal que no solo desafían la normativa ambiental vigente, sino que han encendido las alarmas sobre el impacto ecológico y social en zonas protegidas y áreas rurales del país.
La tendencia incluye desde detenciones de individuos en flagrancia hasta la localización de campamentos clandestinos con equipos y túneles excavados sin autorización, agravando conflictos ya existentes alrededor del futuro de la minería en el país en medio de un complejo panorama legal y ambiental.
El caso más reciente ocurrió el 16 febrero de 2026, cuando en el Parque Nacional Chagres, sector Santa Librada en Colón, unidades conjuntas de guardaparques y la Policía Ambiental sorprendieron a dos individuos realizando actividades mineras dentro de un área protegida.
La intervención incluyó la aprehensión de los sospechosos y la retención de herramientas y equipos usados en la extracción, según reportes oficiales de MiAmbiente. El incidente se suma a una serie de operativos que reflejan una presencia constante de prácticas ilícitas, incluso en ecosistemas frágiles y bajo estricta protección estatal.
Un mes antes, a finales de enero, en el distrito de Las Minas, provincia de Herrera, las autoridades también aprehendieron a cuatro personas tras un operativo de inteligencia que permitió ubicar un campamento subterráneo desde el cual se excavaban túneles de varios metros para extraer minerales.
En el lugar se decomisaron bombas de agua, una planta eléctrica, herramientas, combustible y dos campamentos improvisados, todos indicios de una operación estructurada fuera de la ley. Estos arrestos se realizan bajo la figura penal de minería ilegal, que en Panamá está regulada por la ley ambiental y penal —y cuya contravención puede implicar sanciones administrativas y hasta penas de cárcel conforme a la normativa vigente.
En enero de 2026, otra operación significativa se reportó en el distrito de Chepo, donde unidades especializadas del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en coordinación con la Dirección Antinarcóticos, encontraron un campamento clandestino dedicado a la extracción ilegal de minerales.
Allí se incautaron bateas, piquetas, coas, ollas y otros implementos empleados en esas labores, y se notificó al Ministerio Público a fin de iniciar las investigaciones correspondientes.
Este último caso se enmarca dentro del #PlanFirmeza, la estrategia integral del Senafront para proteger los recursos naturales y combatir delitos ambientales en territorios fronterizos y rurales, reforzando la vigilancia en puntos clave donde, según organismos de control, la minería ilegal suele proliferar.
Registros compartidos en redes sociales y comunicados oficiales, reportaron que en los primeros seis meses de 2025 se detuvieron al menos 67 personas por minería ilegal, cifra que evidencia la magnitud del problema y la dificultad de su contención.
Las autoridades ambientales han reiterado que la minería ilegal provoca deforestación acelerada, contaminación de fuentes hídricas y degradación de suelos, además de poner en riesgo comunidades cercanas. En casos detectados en años recientes, se han encontrado indicios de uso de combustibles y químicos que pueden afectar la calidad del agua y los ecosistemas.
Las zonas donde con mayor frecuencia se han detectado actividades de minería ilegal en Panamá incluyen principalmente Darién, Colón y Panamá Este, territorios caracterizados por su alta biodiversidad y extensas áreas boscosas. En la provincia de Darién, particularmente en sectores cercanos al río Tuira y áreas del Parque Nacional Darién, se han localizado campamentos clandestinos y estructuras improvisadas para la extracción de minerales.
En Colón, operativos recientes han confirmado incursiones dentro del Parque Nacional Chagres, mientras que en Panamá Este, especialmente en el distrito de Chepo, las autoridades han identificado campamentos y equipos utilizados para la extracción en zonas ribereñas y rurales de difícil acceso.
Futuro de la minería
En medio de este repunte de operativos contra la minería ilegal, el país atraviesa además un momento clave en la definición del futuro de la actividad extractiva formal.
Actualmente, la minería metálica en Panamá no está activa, luego de la aprobación de la moratoria minera en noviembre de 2023, que suspendió el otorgamiento de nuevas concesiones y marcó un punto de inflexión en la política minera nacional.
El caso más emblemático es el de Minera Panamá, operada por la empresa First Quantum Minerals, cuyo contrato original —derivado de la concesión de 1997— fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia a finales de 2023.
El fallo dejó sin efecto el contrato y ordenó el cierre de la operación, en medio de un clima de fuerte tensión social y debate nacional sobre el modelo extractivo del país.
Tras la decisión judicial, el proyecto quedó paralizado y actualmente se desarrolla una auditoría ambiental integral para determinar el estado real de la mina, los posibles impactos acumulados y las responsabilidades correspondientes. El resultado de esa auditoría será determinante para definir el futuro del yacimiento.
El presidente José Raúl Mulino ha manifestado públicamente que su administración evalúa alternativas para el proyecto, pero bajo un modelo distinto al contrato de concesión tradicional, lo que implicaría una redefinición del esquema jurídico y económico bajo el cual podría operar cualquier actividad minera en el país.
En paralelo, la Ley 407 de 2023, que estableció la moratoria minera, mantiene suspendida la entrega de nuevas concesiones metálicas. Esto significa que cualquier actividad extractiva que no esté amparada en un permiso vigente o en un régimen legal específico es considerada ilegal, y por tanto, sancionable tanto en la vía administrativa como penal.
De acuerdo con el Código Penal panameño, los delitos contra el ambiente —incluyendo la extracción ilícita de recursos minerales en áreas protegidas o sin autorización— pueden acarrear penas de prisión, multas y la incautación de equipos, especialmente cuando se afecta un parque nacional, una cuenca hidrográfica o se utilizan sustancias contaminantes.
Panamá, uno de los países con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado en el mundo, enfrenta así un doble desafío: por un lado, contener el avance de la minería ilegal en parques nacionales, ríos y zonas rurales, y por otro, definir con claridad el rumbo de su política minera formal tras el cierre del mayor proyecto extractivo del país.
En este contexto, expertos en derecho ambiental señalan que la respuesta estatal debe sostenerse en tres pilares fundamentales: fiscalización permanente, sanciones efectivas y claridad regulatoria, especialmente mientras el país redefine su modelo minero.
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