Fiscalía panameña amplía pesquisas por uso irregular de recursos locales

Las más recientes detenciones por presunto peculado en una junta comunal de San Miguelito, uno de los distritos más poblados de Panamá, se suman a una cadena de investigaciones abiertas en los últimos años por el uso irregular de fondos públicos vinculados a la descentralización.

En esta ocasión, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional aprehendieron a tres exfuncionarios por el presunto manejo indebido de recursos asignados para obras sociales, en un caso que involucra una lesión patrimonial superior a los $5 millones.

De acuerdo con las autoridades, las aprehensiones se realizaron tras recibir un informe de auditoría de la Contraloría General, que detectó inconsistencias en la administración de fondos otorgados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). Además de los exfuncionarios, las investigaciones también apuntan a empresas contratistas que habrían recibido recursos sin cumplir plenamente con los compromisos establecidos en los contratos.

En Panamá, los fondos de descentralización fueron creados para fortalecer a los gobiernos locales, permitiendo que juntas comunales y municipios ejecuten proyectos de infraestructura social, mantenimiento, apoyo comunitario y servicios básicos. Estos recursos provienen del presupuesto general del Estado y son transferidos a los corregimientos con el objetivo de acercar la inversión pública a las comunidades.

Los fondos provienen principalmente de la recaudación de Impuesto de Bien Inmueble (IBI), gestionado a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y transferidos a los municipios y juntas comunales mediante el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios (PIOPS).

Cada corregimiento es dirigido por un representante, electo por voto popular, quien preside la junta comunal y administra los recursos junto con un tesorero. Las juntas comunales son responsables de ejecutar proyectos, contratar obras menores y rendir cuentas sobre el uso del dinero asignado.

Sin embargo, en los últimos años, este modelo ha sido cuestionado por fallas en los controles, debilidades en la fiscalización y presuntas irregularidades en múltiples regiones del país.

Uno de los principales focos de investigación ha sido la llamada “descentralización paralela”, un mecanismo aplicado durante el gobierno anterior, mediante el cual se transfirieron fondos directamente desde el Ejecutivo a juntas comunales y alcaldías, al margen de los procedimientos ordinarios. Según auditorías oficiales, este esquema permitió el movimiento de cientos de millones de dólares sin los controles tradicionales, lo que derivó en sospechas de uso político y clientelismo.

Las investigaciones sobre este modelo revelaron presuntas transferencias irregulares para proyectos que no se ejecutaron, contratos inflados y pagos sin respaldo técnico.

En varios casos, los fondos fueron canalizados a través de empresas sin experiencia comprobada o con vínculos directos con autoridades locales, lo que reforzó las denuncias sobre una red de manejo discrecional de recursos públicos.

Durante 2025, el Ministerio Público informó sobre la judicialización de decenas de exrepresentantes y extesoreros, en el marco de las investigaciones por descentralización. Solo en ese año, más de 60 personas fueron llevadas ante los tribunales, con medidas que incluyeron detención provisional, arresto domiciliario y reportes periódicos. A esto se sumaron auditorías que detectaron afectaciones millonarias al patrimonio del Estado.

Las cifras oficiales indican que, hasta el momento, se han imputado cargos contra al menos 13 exrepresentantes y 11 extesoreros por delitos relacionados con peculado. Además, en noviembre de 2025, la fiscalía entregó un listado con más de 70 personas entre exfuncionarios, representantes y alcaldes, que debían ser ubicados por su presunta vinculación con el manejo irregular de estos fondos.

Expertos en administración pública advierten que el problema no se limita a casos aislados, sino que refleja deficiencias estructurales en los sistemas de supervisión, rendición de cuentas y control interno. La falta de personal técnico, la debilidad de los mecanismos de auditoría preventiva y la concentración de funciones en pocas manos han sido señaladas como factores que facilitan el uso indebido de recursos.

Desde el Ministerio Público se ha reiterado que las investigaciones continuarán y que los casos serán llevados hasta las últimas consecuencias, independientemente del cargo que hayan ocupado los implicados. Las autoridades sostienen que el objetivo es recuperar fondos públicos, sancionar a los responsables y fortalecer la credibilidad de los programas de inversión local.