Energía renovable gana peso en Panamá, Gobierno busca aumentar su participación en la matriz energética

Panamá aspira a que más del 85% de su generación eléctrica provenga de fuentes renovables en los próximos años, una meta que, según las autoridades, debe construirse sin descuidar la seguridad energética ni la estabilidad del sistema.

Así lo afirmó el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., durante el Foro de Energía organizado por la Asociación Panameña de Ejcutivos de Empresa (APEDE), al señalar que actualmente el país registra cerca de 65% de su matriz energética basada en fuentes limpias, principalmente hidroeléctricas.

Rodríguez explicó que, aunque el objetivo es elevar progresivamente la participación de las energías renovables, Panamá no puede prescindir completamente de un componente térmico que respalde el sistema en momentos de baja generación solar, ausencia de viento o períodos de sequía que afecten a las hidroeléctricas.

“No todo el parque puede ser renovable”, sostuvo, al subrayar que la confiabilidad del suministro sigue siendo una prioridad para el Estado.

El funcionario detalló que, en términos regionales, Panamá parte de una posición favorable, ya que su matriz histórica ha sido mayoritariamente limpia en comparación con otros países.

Entre el 60% y 65% de la generación anual proviene de fuentes renovables tradicionales, especialmente plantas hidroeléctricas de embalse y de pasada. Sin embargo, reconoció que el desafío está en diversificar esa base con solar, eólica y almacenamiento energético.

Durante el encuentro, la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, destacó que el tema energético es fundamental no solo para las empresas, sino también para los hogares y la competitividad del país.

Afirmó que el foro permitió debatir sobre redes, hubs y el potencial de Panamá como un centro energético regional, así como los retos regulatorios y tecnológicos que enfrenta el sector.

De Santis subrayó que uno de los ejes centrales de las discusiones fue el desarrollo de licitaciones públicas con reglas claras, transparencia y criterios técnicos actualizados. “No basta con los avances tecnológicos, también se necesita seguridad jurídica y procesos confiables”, indicó, al referirse a la importancia de atraer inversión privada en proyectos de generación y transmisión.

En ese contexto, Rodríguez confirmó que el Gobierno prepara dos licitaciones clave: una para plantas nuevas, principalmente eólicas e hidroeléctricas, y otra para plantas existentes.

La primera está prevista para inicios de marzo y la segunda para finales del mismo mes. Según el secretario, existe un alto nivel de interés empresarial, tanto de inversionistas locales como extranjeros.

El funcionario señaló que estas licitaciones forman parte de una estrategia para fortalecer la capacidad instalada, reducir la volatilidad tarifaria y mejorar la resiliencia del sistema eléctrico. Añadió que los procesos se han diseñado para garantizar competencia sana, participación abierta y criterios técnicos acordes con las nuevas demandas del mercado.

Otro de los ejes abordados fue el impulso al bioetanol como parte de la transición energética. Rodríguez recordó que el Ejecutivo presentó en octubre pasado un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para establecer una mezcla obligatoria del 10% de etanol en las gasolinas. De aprobarse la iniciativa, el país podría iniciar la producción local y la mezcla comercial hacia finales de 2027.

“El proceso legal es clave”, afirmó el secretario, al indicar que el proyecto se encuentra en manos de la Comisión de Comercio, donde se desarrollan consultas con los sectores involucrados. Estimó que, si el cronograma se cumple, la primera producción nacional de etanol podría concretarse entre 2027 y 2028, marcando un hito en la política energética.

De acuerdo con estimaciones del sector azucarero, la puesta en marcha del programa de bioetanol implicaría una inversión inicial cercana a los $500 millones, destinada a la compra de tierras, construcción de destilerías e instalación de infraestructura. También se requeriría ampliar la superficie cultivada de caña en unas 22 mil hectáreas para abastecer el 10% de la demanda.

El gremio azucarero ha señalado que el proyecto podría generar más de 30 mil empleos directos e indirectos, principalmente en el interior del país. Además, destacó que el financiamiento multilateral y bancario ya ha mostrado interés, condicionado a la estabilidad normativa y al respeto de los plazos legales.

Desde APEDE, De Santis respaldó el enfoque del bioetanol como una oportunidad para fortalecer la autosuficiencia energética y reducir la dependencia del petróleo importado. No obstante, insistió en que cualquier política pública debe construirse con consenso, claridad regulatoria y garantías para los inversionistas y consumidores.

En materia de planificación, Rodríguez adelantó que en marzo se lanzará oficialmente el proceso para elaborar el nuevo Plan Energético Nacional 2026-2040, cuya formulación tomará alrededor de 18 meses. El documento definirá las metas de generación, transmisión, almacenamiento y eficiencia energética para las próximas dos décadas.

El secretario también se refirió a los avances en la digitalización del sistema eléctrico, incluyendo procesos tarifarios y operativos. Explicó que la modernización debe realizarse de forma escalonada, para evitar impactos abruptos en las tarifas, especialmente en un contexto de transición tecnológica.

Rodríguez respondió además sobre los estudios para explorar posibles hidrocarburos en aguas del Caribe panameño, desarrollados en cooperación con Colombia. Ante la pregunta de Infobae sobre el tema, el funcionario indicó que el tema está siendo retomado, aunque por ahora no existe ninguna decisión concreta. “Se hicieron análisis preliminares, pero estamos en fase de revisión”, precisó.

El funcionario aclaró que cualquier avance en esta materia estará sujeto a evaluaciones técnicas, ambientales y económicas, y que no se trata de un proyecto inmediato. La eventual exploración, dijo, deberá alinearse con los compromisos de sostenibilidad y transición energética del país.

Para el sector privado, la combinación entre energías renovables, respaldo térmico, biocombustibles y planificación de largo plazo será determinante para mantener la competitividad. De Santis destacó que Panamá cuenta con una base legal sólida, pero necesita fortalecer la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas.