
El exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo Jaén fue aprehendido este martes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a su llegada a Panamá procedente de Guatemala, en cumplimiento de una orden formal de aprehensión y conducción emitida por la Fiscalía Superior Anticorrupción dentro de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.
Carrizo fue retenido por las autoridades migratorias apenas ingresó al país, luego de que el Servicio Nacional de Migración activara un impedimento solicitado por la Fiscalía Anticorrupción.
Posteriormente, fue trasladado bajo custodia a instalaciones del Ministerio Público y luego a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ubicada en Ancón, donde permanece mientras se completan los trámites procesales correspondientes.
La orden de aprehensión fue emitida el lunes 26 de enero de 2026 mediante el Oficio N.° 731-2026, firmado por la fiscal superior Adela Cedeño, y se enmarca dentro de la Noticia Criminal N.° 202600005907.
En el documento se instruyó a la DIJ a ejecutar la captura y conducción del exfuncionario para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.
A su salida del aeropuerto, esposado y escoltado por agentes de la DIJ, Carrizo se dirigió brevemente a los medios de comunicación.
Ante la pregunta de si enfrentaría la justicia panameña, respondió: “Aquí estoy. Preferí no atender la juramentación del Parlacen y venirme en el primer vuelo”. Añadió que tomó la decisión tras enterarse, por los medios de comunicación, de la orden de aprehensión en su contra.
Carrizo insistió en que regresó voluntariamente al país para responder ante las autoridades. “Voy a venirme a Panamá con la frente en alto a dar la cara porque soy inocente”, afirmó.
También sostuvo que el proceso en su contra obedece a motivaciones políticas. “Es una persecución política en contra de mí”, dijo, al tiempo que aseguró que continuará denunciando lo que considera irregularidades en el manejo del caso.
En sus declaraciones, el exvicepresidente señaló que enfrenta “más de tres investigaciones en diferentes fiscalías sobre la misma causa” y reiteró que es inocente de los señalamientos. Al ser consultado sobre la naturaleza del proceso, respondió que se trata de una investigación por enriquecimiento injustificado.
La captura se produce apenas horas después de que Carrizo difundiera un video en sus redes sociales confirmando que se encontraba fuera del país desde el 17 de enero y que estaba en Guatemala.

En ese mensaje, indicó que para este martes 27 de enero estaba prevista su juramentación como exvicepresidente de la República ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque adelantó que evaluaría su asistencia ante la situación legal que enfrentaba. Finalmente, según sus propias declaraciones, optó por no juramentarse y regresar a Panamá.
La eventual juramentación ante el Parlacen había generado expectativa jurídica, ya que de concretarse Carrizo habría adquirido fuero, lo que habría trasladado la competencia del caso a la Corte Suprema de Justicia.
Este cambio de jurisdicción suele implicar procesos más prolongados, como ha ocurrido en otros casos de alto perfil político en Panamá. Sin embargo, al no materializarse la juramentación, el exvicepresidente quedó sujeto a la jurisdicción penal ordinaria.
Carrizo ejerció la vicepresidencia de la República durante el período constitucional 2019–2024 y fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones generales de 2024. Tras el vencimiento de su fuero penal electoral, quedó habilitada legalmente la acción del Ministerio Público para ordenar su conducción.
La investigación por presunto enriquecimiento injustificado se sustenta en auditorías patrimoniales realizadas por la Contraloría General de la República.
El 22 de octubre pasado, el contralor Anel Flores ordenó el secuestro de al menos ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados al exvicepresidente, por un monto que podría ascender hasta $1.3 millones, al considerar que parte de su patrimonio no había podido ser debidamente justificado.

En declaraciones previas, Carrizo rechazó esas conclusiones y aseguró que el pasado 15 de enero presentó ante la Contraloría una auditoría forense que, según sostuvo, demuestra que no se ha enriquecido ilícitamente ni ha recibido fondos de empresas contratistas o subcontratistas del Estado.
También afirmó que su patrimonio proviene de recursos familiares anteriores a su llegada al Ejecutivo en 2019.
La defensa del exvicepresidente ha señalado que existen informes que respaldan la versión de su cliente y ha cuestionado el secuestro de bienes que, según indicó, no le pertenecen. La defensa también ha denunciado presuntas irregularidades durante las auditorías, incluyendo afectaciones a terceros.
Tras su aprehensión, Carrizo deberá ser notificado formalmente y someterse a las evaluaciones de rigor, a la espera de una audiencia ante un juez de garantías, en la que se definirán las medidas cautelares que correspondan.
Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción mantiene activa la investigación, en un caso que se desarrolla bajo un fuerte escrutinio público y que se suma a otros procesos abiertos contra exfuncionarios y antiguos altos jerarcas del Estado en Panamá.
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