Crisis de basura en un distrito clave de Panamá fuerza intervención del gobierno central

La crisis en la recolección de basura en San Miguelito, uno de los distritos más densamente poblados de Panamá, escaló a un nivel nacional tras la decisión del Gobierno de asumir de forma directa el control del servicio de aseo.

La medida se adoptó ante el colapso operativo del sistema, el vencimiento del contrato con la empresa concesionaria Revisalud y el riesgo sanitario generado por la acumulación de desechos en comunidades urbanas.

San Miguelito concentra más de 280 mil habitantes en una superficie aproximada de 50 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el distrito con mayor densidad poblacional del país y en una zona clave dentro del área metropolitana.

Su cercanía con la ciudad de Panamá y el tránsito diario de miles de personas amplificaron el impacto del problema, que dejó de ser un asunto local para convertirse en una preocupación de alcance nacional.

Durante los últimos meses, residentes de distintos corregimientos reportaron retrasos prolongados en la recolección de basura, acumulación de residuos en calles y avenidas principales, y la proliferación de vertederos improvisados.

La situación llevó al Ministerio de Salud a declarar una alerta sanitaria en el distrito, al advertir riesgos para la salud pública asociados a la descomposición de desechos y la posible propagación de enfermedades.

El contrato de concesión con Revisalud vence el 18 de enero de 2026, tras casi 25 años de vigencia. Durante ese período, la empresa administró tanto la recolección de residuos como el cobro de la tasa de aseo.

De acuerdo con cifras oficiales, la morosidad acumulada por este concepto supera los 40 millones de dólares, con tarifas mensuales que oscilan entre 6 y 9 dólares por vivienda y una base de usuarios con altos niveles de incumplimiento en los pagos.

Ante el vencimiento del contrato, el Municipio de San Miguelito inició un proceso de licitación para una nueva concesión del servicio de gestión integral de residuos sólidos.

El proyecto contempla un contrato de largo plazo cuyo valor estimado ronda los 315 millones de dólares, financiados principalmente a través de la recaudación de la tasa de aseo durante la vigencia del acuerdo.

Sin embargo, el proceso no se completó a tiempo. Para evitar la interrupción del servicio, el Consejo Municipal aprobó la contratación temporal de tres empresas por un monto total de 3.8 millones de dólares, para cubrir un período de seis meses mientras avanzaba la licitación definitiva.

Las empresas seleccionadas fueron Roca Atlántica, S.A.; Eco-Septic Panamá, Corp.; y Volquetes y Transporte Corro-Voltranc. No obstante, la Contraloría General de la República informó el viernes 16 de enero que no refrendó dichos contratos, tras un análisis técnico y jurídico que identificó múltiples inconsistencias que impedían su viabilidad legal y administrativa.

Según la entidad fiscalizadora, la principal observación se sustenta en la Resolución No. 01-2026 de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, que autorizó a esa entidad a asumir la competencia operativa, administrativa y técnica del servicio en San Miguelito a partir del 19 de enero de 2026.

En este contexto, la Contraloría concluyó que la celebración de nuevos contratos por parte del municipio generaría una dualidad en la prestación del servicio, ya que la AAUD había intervenido desde el 1 de enero de 2026 en los nueve corregimientos del distrito por razones de orden sanitario.

Esta situación, según el ente fiscalizador, hacía jurídicamente inviable el refrendo de los contratos temporales.

La Contraloría también detalló incumplimientos técnicos y administrativos en los documentos presentados, entre ellos la falta de permisos y autorizaciones obligatorias emitidas por la AAUD, la ausencia del Permiso Sanitario de Operación vigente, inconsistencias sobre la cantidad de toneladas a recolectar, el monto mensual a pagar y los plazos reales de pago.

Además, se detectó la inclusión de pagos por excedentes de toneladas no autorizados y la inexistencia de una partida presupuestaria debidamente identificada en el presupuesto municipal de 2026.

El contralor general, Anel Flores, señaló que los contratos ingresaron a la institución la noche del 13 de enero, lo que hacía imposible su revisión y refrendo antes del vencimiento del contrato de Revisalud. Añadió que ningún documento será avalado bajo presión y que su actuación responde exclusivamente al cumplimiento de la ley y a la protección del interés público.

Ante este escenario, el Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario a asumir el control total del servicio de recolección y del cobro de la tasa de aseo en San Miguelito, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y mitigar los riesgos sanitarios.

El Gobierno informó que la intervención será temporal, mientras se define una solución estructural para la gestión de residuos en uno de los distritos más poblados y estratégicos del país.