El inicio del juicio por el caso Odebrecht en Panamá, celebrado el 12 de enero de 2026, representa un punto decisivo en la respuesta institucional frente a uno de los mayores escándalos de corrupción registrados en el país.
A esta instancia se llega tras años de demoras judiciales y complejas gestiones internacionales, en un proceso que involucra a más de 20 imputados, incluidos exmandatarios y empresarios, y que se apoya en un expediente que supera 1.3 millones de páginas, La magnitud del caso, junto con el volumen de pruebas, anticipa que las audiencias se prolongarán durante varios meses.
En este contexto, la jueza Baloísa Marquínez, responsable del proceso, subrayó la necesidad de “garantizar el derecho a la defensa y el contradictorio”.
Conforme a esta premisa, ha solicitado asistencias judiciales internacionales, principalmente a Brasil, para recabar testimonios esenciales que aún no obran en el expediente. Esta búsqueda de colaboración ha marcado el desarrollo del juicio, dificultando la comparecencia de los imputados y forzando sucesivos aplazamientos.
La reconstrucción judicial de los hechos sitúa el epicentro de la trama entre 2010 y 2014, período en el que la constructora brasileña Odebrecht distribuyó sobornos por más de 59 millones de dólares en Panamá, asegurando contratos públicos que, en total, ascendieron a 175 millones de dólares.
Funcionarios de alto nivel entre los involucrados
Entre los beneficiarios de estos pagos se encuentran funcionarios de alto nivel y prominentes empresarios, según las investigaciones que se reactivaron en 2017, tras la confesión de Odebrecht en Estados Unidos acerca de su red internacional de coimas.
Entre los acusados sobresalen los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). Martinelli permanece asilado en Colombia desde mayo de 2025, luego de haber sido condenado previamente en otra causa por blanqueo de capitales.
Respecto a Varela, se le atribuye la aceptación de pagos ilegales a cambio de concesionar contratos oficiales. La implicación familiar también es significativa: los hijos de Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, admitieron ante la justicia de Estados Unidos haber blanqueado 28 millones de dólares que, según declararon, provenían de órdenes directas de su padre. Ambos fueron condenados en 2022.
El desarrollo judicial del caso ha estado marcado por obstáculos logísticos y legales. La falta de cooperación internacional hizo inviable la notificación oportuna a varios implicados, forzando un primer aplazamiento del juicio previsto originalmente para agosto de 2023, luego reprogramado en distintas fechas hasta fijarse en 2026.
Al respecto, Marquínez insistió en la relevancia de obtener “asistencias judiciales internacionales”, sobre todo de Brasil, país donde se originaron algunos de los principales testimonios.
El curso actual del juicio pone de manifiesto los desafíos que enfrenta Panamá en su combate contra la corrupción estructural. La cifra de más de 20 imputados y el alcance de las actuaciones judiciales reflejan la profundidad de una trama que afectó los principales órganos de la administración pública, y cuya resolución mantiene el foco público y mediático, tanto a nivel nacional como internacional.
Un juicio siete veces pospuesto
La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada y reabierta en 2017 – luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países – y culminó en octubre de 2018.
Este lunes inició finalmente el juicio, un proceso que se ha ido dilatando tras posponerse en hasta seis ocasiones desde 2023.
«Esta es la séptima ocasión que se convoca esta audiencia, pero la séptima es la vencida, dado que ya no hay nuevas oportunidades de postergación.
Obviamente, sí veremos algunas estrategias de abogados defensores de tratar de postergarlo o más, pero ya no es posible», aseguró a EFE el abogado y analista panameño Rodrigo Noriega.
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